La temporada invernal ha golpeado a diferentes localidades en Ecuador. Los estragos derivaron en que el Gobierno declarara la emergencia nacional para fortalecer la respuesta en territorio.
Hasta el 18 de marzo el país registró 1.926 eventos adversos; 733 corresponden a inundaciones y 718 a deslizamientos. Las provincias más afectadas son Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Loja, Santa Elena y Chimborazo.
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Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se contabilizan más de 66.000 personas afectadas y la entrega de 30.568 kits de asistencia humanitaria. Estas acciones se enmarcan en la reducción de los tiempos de respuesta ante las emergencias, afirma la Secretaría.
La mejora es que antes la atención inicial podía tardar hasta 180 horas, actualmente el promedio se ha reducido a 50 horas, por debajo del estándar internacional de 72 horas. Los casos complejos concluyen antes de las 100 horas.
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Las autoridades atribuyen este avance a la articulación entre distintas instituciones dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. En este esquema participan gobiernos locales, prefecturas, municipios, bomberos y organismos de socorro.
Aunque la Secretaría cumple un rol rector, la atención directa en territorio recae principalmente en gobiernos locales. Por ello, el funcionamiento de los comités de Operaciones de Emergencia (COE) es clave. Actualmente están activos el COE nacional, 18 provinciales y 87 cantonales.
Una política pública en camino
La política pública que regirá el modelo de asistencia por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se prevé que esté lista entre junio y julio de este 2026. Este es uno de los hitos que se prevé alcanzar en este año junto con la articulación de mesas técnicas en las que se otorguen los lineamientos para la elaboración de planes integrales de respuesta para situaciones de riesgo a escala nacional.
Desde esta cartera de Estado, además, se proyecta desarrollar un sistema automatizado que será afinado durante el segundo semestre del año.
Estas acciones se enmarcan en la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en Ecuador y fortalecer la política de reducción de riesgos.
En el marco de esta planificación se aspira a que gobiernos locales elaboren planes integrales, se trabaje en la reducción más allá de la prevención y acciones puntuales.
Entre junio y julio las instituciones elaboran sus proformas presupuestarias, conforme al Código Orgánico de Planificación, por ello, se aspira a aprovechar e incorporar de manera anticipada las acciones y recursos necesarios frente a los riesgos del siguiente periodo.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se busca establecer planes a mediano plazo que permitan definir actividades, cronogramas y recursos por año o incluso por trimestre. La planificación, asegura esta cartera de Estado, es clave para proyectar el presupuesto y prepararse de cara a la siguiente proforma.
Sin embargo, solo una parte de los gobiernos locales cumpliría con este enfoque, pues existen esfuerzos, por ejemplo, como limpieza de canales, construcción de muros; pero están enfocados en la respuesta, mas no en reducción.
Uno de los principales vacíos identificados es la ausencia de planes integrales consolidados y articulados a nivel nacional.
La Secretaría enfatiza que los riesgos no pueden abordarse de forma fragmentada, especialmente en el caso de cuencas hidrográficas. (I)