Estranguló a su pareja, quien tenía 21 años, y luego asesinó al hijo de la joven, de solo 2 años. Ocurrió en el barrio El Dorado, de Loja, el 29 de abril del 2018. Para deshacerse de los cuerpos, los lanzó por partes en las zonas de Payanchi y La Tenería.

Por estos hechos, en marzo del 2019, Joe B. fue sentenciado por femicidio y asesinato a la pena máxima de cárcel, 40 años, sin contar la multa económica y la reparación en favor de las víctimas (para los familiares).

Otro caso en el que se impuso la pena máxima fue por el femicidio de Germania Quiroz, de 23 años, el 18 de julio del 2019 en la comuna Buenos Aires, Santa Elena. Ese día, Claudio V., su conviviente, la acuchilló primero en el interior del hogar y la remató en la carretera Guayaquil-Salinas, hasta donde alcanzó a llegar la joven malherida.

La mamá de Germania también fue apuñalada por Claudio en su intento por defenderla. Quedó grave, pero logró sobrevivir. La sentencia de 40 años de cárcel fue dictada en junio de este 2021. Germania dejó a dos hijas huérfanas, de 4 y 6 años en ese entonces.

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También les dieron 40 años de prisión, en el 2019, a Manuel A. y Tania R., dos de los tres acusados por el femicidio de Emilia Benavides, de 9 años, asesinada en diciembre del 2017 en Loja tras ser secuestrada, ultrajada e incinerada.

José Fabián N. R., el primer implicado, se suicidó horas después de su detención. Por este caso que conmocionó también al país se implementó la denominada Alerta Emilia, un protocolo de búsqueda temprana de niños y adolescentes desaparecidos.

En Ecuador, las penas por femicidios van de 22 a 26 años de cárcel. Si hay agravantes, como el querer establecer o restablecer una relación de pareja, se debe imponer el tope, 26 años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014.

Pero hay casos, como los antes mencionados, en los que se impone la pena máxima para delitos graves en Ecuador, que es de 40 años. Esto porque existe más de un delito en contra de la víctima o porque se dieron otros en el mismo acto que afectaron a su círculo cercano, como familiares que fueron asesinados o lesionados durante un femicidio.

196 mujeres asesinadas de forma violenta en Ecuador en este 2021; grupos piden declarar alerta roja ante alza de femicidios, a propósito de fecha internacional

Pero no basta con la aplicación de la pena máxima o con la sanción para hablar de justicia en casos como femicidios y violencia hacia la mujer y su familia, cuentan activistas y defensoras de derechos humanos, que llaman también a declarar la alerta roja en Ecuador ante el alza de femicidios y muertes violentas en el país, que solo en lo que va del 2021 ha cobrado la vida de 196 mujeres, según estadísticas del Consejo de la Judicatura.

Ellas sostienen que se requieren medidas de reparación oportunas y efectivas; sistemas de protección, de rehabilitación (para el agresor); acompañamientos y seguimientos a los afectados y familiares; y, sobre todo, inversión en prevención para detener la ola de muertes violentas y agresiones contra las mujeres en Ecuador, que en siete años, desde la vigencia del COIP y de la figura del femicidio, ha matado a 1.263 mujeres.

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El Estado, que es el garante de proteger a todos los ciudadanos, en este caso a las mujeres, debería invertir realmente en prevenir. Tiene que haber un cambio de cultura, de concepciones, de prácticas y actitudes, que debería estar transversalizado en el sistema educativo, desde que somos pequeñitos”, dice la psicóloga clínica Annabelle Arévalo, magíster en Terapia Familiar y Educación Superior y coordinadora del Servicio de Atención Integral y Violencia Basada en Género del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) en Guayas, que atiende a diario casos de mujeres víctimas de la violencia.

Ella cuenta que en estos siete años, desde el movimiento feminista, se ha exigido que pare la violencia y se han visto obligadas a realizar actividades, como plantones o marchas para que el Estado cumpla con su deber. Pero, afirma, pasan gobiernos y gobiernos y solo han visto medidas parches, pero no una reforma o política pública que conlleve una protección integral para mujeres y niñas.

“Puede ser que tenga 30 o 40 años de cárcel (el culpable), pero si no hay un sistema de rehabilitación, que tampoco lo hay para los agresores, de protección antes de (que ocurra un femicidio o agresiones), no hay cambios en la sociedad realmente. Se deben asignar recursos acordes a lo que se requiere (para la prevención)”, expone Arévalo.

Y detalla que, además de los cambios de concepciones, prácticas y actitudes, se necesita acceder o tener información sobre el tema, que esté instaurada en el sistema educativo desde preescolar hasta la universidad.

“El sistema educativo da mucho que desear: no hay educación sexual integral, no hay prevención de violencia de género, no hay ninguna asignatura o especialización de cómo atender la violencia de género, lo que en otros países existe…”, sostiene esta promotora de los derechos de la mujer.

Con traumas y sin ayuda psicológica ni económica, los huérfanos por femicidios en Ecuador van al alza y sin curar heridas

Mayra Tirira, abogada defensora de los derechos humanos y parte de la fundación Surkuna, es litigante en casos de violencia de género. Cuenta que incluso el hecho de que exista sentencia condenatoria no es garantía de justicia, porque hay agresores o femicidas que están prófugos, libres, ya que aún no se ha ejecutoriado la sentencia, no pasa incluso por Corte Constitucional. Y luego viene otro proceso y tiempo de espera para la captura.

Adicionalmente, menciona, falta o se necesita la reparación integral, que tiene varias garantías, según las leyes ecuatorianas, como la restitución, que es volver las cosas a su estado anterior, y que en un caso de femicidio no es posible. Pero sí la rehabilitación, que son todas las medidas que puede tener el Estado para tratar de mitigar los efectos de la violencia, y que se traducen en atención psicológica, atención jurídica adecuada, atención socioeconómica en caso de requerirse (las instituciones del Estado deben hacer seguimiento para que se cumpla).

La reparación integral, agrega Tirira, incluye también garantías de no repetición, que son las medidas estructurales que puede tomar el Estado para evitar que los actos de violencia vuelvan a ocurrir. Y esto último es un estándar internacional.

Recuerda, por ejemplo, que hace un par de años en una zona de Latacunga ocurrieron varios femicidios en un sector que no estaba iluminado. Y una medida como garantía de no repetición, dice, hubiera sido que los jueces ordenaran directamente al municipio local que ilumine esa zona.

Otras medidas con garantías de no repetición pueden ser las capacitaciones.

Tirira asegura que se han dado casos de femicidios ocasionados por funcionarios públicos, como policías, bomberos y otros, en los que los jueces pueden ordenar a las instituciones implementar capacitaciones en prevención, en erradicación de violencia, en atención de casos. También pueden mejorar sus estándares de reclutamiento de personal y hacer seguimiento psicológico para ver cómo funciona aquello.

También pueden darse medidas de carácter simbólico, como poner una placa, pedir disculpas públicas (en casos como revictimización) y otras.

Ahora, los casos de muertes violentas de mujeres y niñas se investigarán primero por femicidio

Los fiscales ahora investigarán los casos de muertes violentas de mujeres y niñas como femicidio primero. Luego, en el transcurso del proceso, podrán descartar o no aquello.

Esto, tras la presentación del llamado “Protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas”, que fue firmado por la fiscal general, Diana Salazar Méndez, el 24 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre.

“El protocolo permitirá dotar a los agentes fiscales, secretarios y asistentes de herramientas teóricas y prácticas para investigación penal de femicidios y otros delitos que involucran muertes violentas de mujeres y niñas, el cual —además— permitirá fortalecer la respuesta a sus familias, porque garantizar el acceso a la justicia, con calidad y calidez y profesionalismo, no debe quedarse en una intención o un trozo de papel, es una realidad que construimos a diario”, dijo Salazar durante la firma pública de este documento.

Para las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, esto se traduce en el aterrizaje del protocolo latinoamericano que existía desde el 2015 en la región para investigar los casos de femicidios y de muertes violentas de mujeres y niñas.

Es una normativa internacional que “planteaba directrices para investigar estos delitos con enfoque de género, con la debida diligencia, haciendo bien, con prontitud”, entre otros. Y cada país debía ajustar el protocolo a su realidad, cuenta Mayra Tirira, quien también fue consultora para la elaboración del protocolo.

La academia y la sociedad civil participaron en la construcción de esta herramienta para Ecuador, agrega la Fiscalía.

La iniciativa Spotlight y ONU Mujeres estuvo en el apoyo técnico.

El protocolo entró en vigencia apenas se firmó, es decir, desde la tarde del 24 de noviembre. Desde ahí, los fiscales, secretarios y asistentes asumieron el compromiso para capacitarse y utilizar esta herramienta técnica, se dijo.

Durante el acto de la firma del protocolo, Ana Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, mencionó que el riesgo para la vida de las mujeres ha aumentado exponencialmente, sobre todo con la pandemia del COVID-19. Por ello, agregó, es importante que las instituciones garanticen los derechos de la ciudadanía y eviten la violencia en todas sus formas.

“El protocolo es una herramienta significativa y sostenible, fruto del compromiso por encaminar un Ecuador más igualitario y justo”, expuso Badilla. (I)