Ordenanza sobre revisión técnica vehicular en Quito genera controversia entre gremios y el Municipio

La controversia en torno a la revisión técnica vehicular (RTV) en el Distrito Metropolitano de Quito ha alcanzado un punto álgido con una acción de inconstitucionalidad planteada por representantes del transporte terrestre de Pichincha.El pasado 20 de febrero el Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza que obliga a realizar la RTV en Quito a las personas naturales o jurídicas propietarias de un vehículo que su uso sea intensivo de carga o de servicio público y comercial para obtener el respectivo permiso de operación.Carlos Brunis, portavoz del sector, destacó la importancia de que sea la Corte Constitucional la que emita un pronunciamiento definitivo al respecto.En una entrevista con este Diario, Brunis señaló que la ordenanza municipal que regula la RTV entra en conflicto con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Explicó que una ordenanza local no puede estar por encima de una ley orgánica, ya que esto sentaría un precedente peligroso para el sistema legal del país.Según Brunis, la medida establecida por el Concejo Metropolitano de Quito, que hace obligatoria la RTV para vehículos de uso intensivo de carga o de servicio público y comercial, supone una contradicción con la legislación nacional.Argumentó que la ley permite que la revisión se realice en cualquier parte del país y que este requisito no debería ser exigido únicamente en el Distrito Metropolitano de Quito.El representante gremial también expresó su preocupación por las posibles implicaciones de esta ordenanza en otros ámbitos. Alertó que “si se permite que una ordenanza municipal esté por encima de una ley nacional, esto podría abrir la puerta a futuras decisiones que contradigan el marco legal establecido”, lo que afectaría a diversos sectores de la sociedad.Hasta que la Corte Constitucional emita una respuesta dijo que están acatando lo que dice dicha ordenanza, porque no quieren ser sujetos de sanción alguna, aunque no están de acuerdo con ello.Brunis señaló que en total serían 35.000 vehículos que forman parte del transporte público y comercial y que para esto solo existen dos centros de revisión vehicular: Carapungo, en el norte, y Guamaní, en el sur de la ciudad. Para esto dijo que se debe sumar la segunda presentación que deben cumplir cerca de la mitad de esos vehículos que no aprueban la primera vez.En respuesta a esta acción legal, el secretario de Movilidad de Quito, Álex Pérez, indicó que la administración municipal está cumpliendo con sus competencias y facultades en materia de transporte y movilidad.Afirmó que la RTV es una medida necesaria para garantizar la seguridad vial y la calidad del servicio de transporte en la ciudad.Pérez señaló que la ordenanza municipal es una herramienta para regular el funcionamiento del transporte público y comercial en el Distrito Metropolitano de Quito.Destacó que la RTV es una condición indispensable para obtener el permiso de operación y que su cumplimiento es fundamental para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de transporte.El funcionario municipal también abordó las preocupaciones planteadas por el gremio de taxistas en relación con la capacidad de los centros de revisión técnica vehicular para atender la demanda existente. Reconoció que existen desafíos logísticos que deben ser abordados para garantizar que el proceso de revisión sea eficiente y accesible para todos los conductores.Desde la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se informó que para la emisión de ordenanzas en materia de transporte y revisiones vehiculares esta entidad suele emitir un informe técnico previo. Sin embargo, se confirmó que para la elaboración de esta ordenanza reformatoria no se solicitó ningún informe ni se comunicó sobre la intención de esta modificación.En cuanto a la coordinación con la ANT, Pérez dijo que existe un debate sobre la interpretación de la legislación vigente y que se están explorando soluciones para resolver estas discrepancias.“Tenemos que entender lo que es la descentralización. Estamos trabajando desde el Municipio de Quito con el apoyo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) también, porque ese artículo de la ley nos parece que va en contra de la descentralización”, agregó.El debate sobre la RTV en Quito ha generado una amplia discusión entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo a representantes del transporte, autoridades municipales y organismos reguladores.Mientras tanto, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad presentada, lo que podría tener importantes repercusiones en el futuro del sistema de transporte en la capital ecuatoriana. (I)

Ordenanza sobre revisión técnica vehicular en Quito genera controversia entre gremios y el Municipio

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas