Han sido suspendidas 153 obras en lo que va de 2026 en el Distrito Metropolitano de Quito.
Una de las últimas fue una ratificación de suspensión de una obra en construcción ubicada en las calles Vicente Rocafuerte y Guayaquil, en el sector de Tumbaco, oriente de la ciudad, luego de verificar el colapso de elementos estructurales en un predio que puso en peligro a trabajadores y viviendas aledañas.
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Como antecedente, el pasado 4 de marzo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió la obra debido al incumplimiento de la normativa, específicamente por la falta del plan de seguridad requerido para ese tipo de construcciones, informó el Municipio capitalino.
El pasado 28 de marzo colapsó la fundición de una losa de esa obra, un edificio de tres pisos, producto de lo cual cuatro obreros resultaron afectados con policontusiones.
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Incumplimiento sistemático y cifras preocupantes
Para Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de control, en Quito se da el hecho de que algunas personas que construyen, ya sean naturales o jurídicas, tienen una predisposición, por llamarlo así, a incumplir las normas.
El funcionario se refiere a cifras de suspensiones de obras que reflejan ese incumplimiento sistemático de constructoras o de constructores que no están dispuestos a acatar las normas.
Según la AMC, en 2024 se suspendieron 359 obras; en 2025, 664; y en lo que va de 2026, el número supera las 150.
Chiriboga sostuvo que la cifra es preocupante porque el 73 % de las obras que han sido suspendidas no cuentan con licencia.
Agregó que lo hacen en zonas o lugares donde la construcción de una estructura de gran envergadura podría incluso traer afectaciones a los predios colindantes, a los vecinos, a la ciudadanía en general, porque no se toman en cuenta las normas técnicas de arquitectura y urbanismo ni se respeta el ordenamiento territorial de la ciudad.
Rol de la AMC y el proceso sancionador
Una de las competencias de la AMC es verificar que se cuente con los permisos, tanto para habilitar el suelo como para hacer intervenciones constructivas.
En ese marco, hay inspectores técnicos que están en campo y que hacen el control en el territorio. Existen 22 personas que realizan la inspección sobre ese tipo de infracciones en el DMQ, dos funcionarios distribuidos por cada administración zonal.
Mencionó que existe un trabajo articulado con entidades locales; no obstante, el ente sancionador únicamente es la AMC.
Chiriboga señaló que no pueden estar presentes en el 100 % del territorio, pero con ese recurso humano se hacen las verificaciones.
Denuncias ciudadanas, requerimientos de otras instituciones municipales y el patrullaje que realizan son las fuentes para su planificación de verificación.
En el territorio solicitan los permisos y las licencias correspondientes a cada edificación e intervención constructiva y, si se verifica que no se cuenta con la licencia, además del riesgo que esto puede acarrear, se toma la medida de suspender las obras.
Paralelamente se inicia un procedimiento administrativo sancionador, regulado por el Código Orgánico Administrativo, y, una vez concluido, podrían imponerse multas de entre 50 y 100 salarios básicos unificados, dependiendo del metraje y del área en la que se ha construido.
La informalidad en Tumbaco: un problema persistente
“El problema de la informalidad es bastante alto”, manifestó.
En sectores como Tumbaco, donde ocurrió el incidente, la AMC hizo un análisis en torno a la protección del Ilaló y determinó que el 70 % de esas edificaciones no contaban con licencia o eran construcciones ilegales.
“Estamos hablando de que apenas el 30 % de las edificaciones tenían una licencia y esto puede ser una muestra clara de lo que ocurre en la ciudad”, expresó. Ya sea, añadió, por desconocimiento, falta de interés o de predisposición al cumplimiento de la norma.
En Tumbaco, en 2025, se suspendieron 124 obras, superando a las otras nueve administraciones zonales que hay en el DMQ.
Proceso de licenciamiento y sanciones económicas
Precisó que aquellas construcciones que están cumpliendo con la norma pasan por un proceso de licenciamiento que, como paso previo, tiene la intervención de las entidades colaboradoras, tanto del Colegio de Arquitectos de Pichincha como una entidad privada, que verifican técnicamente los planos que se presentan y, a partir de ello, emiten un certificado de conformidad que sirve de habilitante para la emisión de las licencias para procesos constructivos en cada una de las administraciones zonales.
“El 73 % de aquellas obras que fueron suspendidas corresponde justamente a construcciones que no tienen licencia. El resto podría tener licencias, pero podría incurrir en otro tipo de infracciones, como no tener habilitado su plan de seguridad o, por ejemplo, también hacer algo más allá de lo que está permitido", indicó.
En el caso de la construcción en Tumbaco, se hizo una suspensión previamente por la caída de un tablero sobre un vehículo en la zona.
La AMC seguirá el procedimiento, que podría concluir con una sanción que puede llegar hasta los $ 24.000.
El funcionario expresó que para todo se requiere licencia, que es emitida por las administraciones zonales, desde el movimiento de tierras hasta la construcción de un edificio. (I)