Un exdirector ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) figuraría como parte del entramado societario de uno de los dos consorcios con contrato de delegación de radares.
El 4 de mayo del 2023, la CTE lanzó el proceso para que empresas privadas instalen radares en todas las vías del país, ya que la institución aparentemente no tenía la capacidad técnica y económica para poner los equipos.
Publicidad
Este contrato de delegación de radares en las vías estatales del país fue gestionado en el Gobierno anterior y, según el régimen actual, se elaboró en un tiempo récord para la contratación pública (42 días), inobservando las normativas legales vigentes.
La normativa establece que un contrato de delegación debe tener el visto bueno de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, y este organismo no fue informado sobre el proceso, ni se compartió información con los municipios, sostuvo el Gobierno a través de un comunicado.
Publicidad
Según Galo Lara, exlegislador, Carlos Balarezo Cedillo, quien fue director de la CTE entre 2021 y 2022, firmó los contratos de concesiones con las mancomunidades, que lo integran varios municipios, en septiembre del 2021, y desde finales del 2023 forma parte de una empresa como gerente general.
En esa firma figuran Juan Botteri y Balarezo como administradores. El primero es presidente, además, de una de las compañías que integran uno de los consorcios.
Este Diario se intentó comunicar con Balarezo a través de un correo electrónico de la empresa en la cual figura como gerente, que se la puede encontrar en la página web de la Superintendencia de Compañías, y de un número de teléfono, pero no hubo respuesta.
Además, EL UNIVERSO se comunicó con uno de los consorcios para obtener más información, desde el cual se señaló que Balarezo no integra parte de su estructura ni de las empresas que lo integran.
“Esta es una contratación dolosa de radares vacunas y se evidencia cuando el señor es juez y parte, porque quien concedió este contrato ahora pasa a ser la persona que lo administra”, dijo Galo Lara.
Indicó que no son solo 39 los radares que han “vacunado”, sino que hay otros más en provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena. Son dispositivos que les siguen “metiendo la mano” a los bolsillos de los ecuatorianos, agregó.
Pide al Gobierno que haga una auditoría y suspenda todos los contratos que tienen los consorcios Seviecu y Ecutransit, y determine si los estudios de factibilidad con los que instalaron esos radares corresponden al lugar donde están colocados.
Desde el pasado martes 4 de junio, la CTE suspendió el registro del valor de multas de tránsito captadas por 39 radares instalados en diferentes carreteras del país.
La decisión surgió luego que, ante una alerta de presuntas irregularidades en el concurso y manejo de los radares a nivel nacional, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, dispusiera tres acciones que involucran a las instancias de control del Estado ecuatoriano.
La Secretaría General de Integridad Pública pidió al contralor general del Estado un examen especial para determinar responsabilidades de los funcionarios del Gobierno anterior involucrados en este proceso. (I)