Los tramos 4 y 5 del proyecto del Quinto Puente, que están a cargo de la Prefectura del Guayas, tienen un avance del 17,5 % y 26,5 %, respectivamente.
El contrato, que comprende aproximadamente 24 kilómetros de vía, dos puentes —sobre el estero Mojahuevo y el río Bulubulu— y cinco distribuidores de tráfico, arrancó en febrero de 2025 con miras a culminar en 2027.
Los trabajos se han ejecutado a pesar de viabilidades técnicas y nuevos rubros detectados durante el desarrollo de los trabajo, explicó José Tenelema, coordinador general de Infraestructura de la Prefectura.
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Al momento, la vía está trazada. Si bien aún hay tramos puntuales donde se debe completar material de relleno y estructura, la base y el eje vial están definidos, explicó el funcionario.
En los kilómetros de vía intervenidos por la Prefectura se han ejecutado trabajos de cimentación, compactación y colocación de material. A eso se suman las labores a nivel de drenajes, colocación de tuberías, ductos cajón y la intervención en el canal que está aledaño al tramo 5.
Viabilidades técnicas por aprobar
Tenelema explicó que entre los factores que han limitado, en parte -además del tema económico-, el avance de la obra en ciertos frentes están las viabilidades técnicas.
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Uno de los principales nudos críticos está relacionado con la cimentación de los puentes sobre el río Bulubulu y el estero Mojahuevo. En ambos casos, la Prefectura presentó propuestas técnicas que requieren aprobaciones definitivas para definir el tipo de intervención.
Otro factor relevante es el sistema eléctrico. El coordinador de Infraestructura de la Prefectura detalló que existen redes de alta tensión cercanas al proyecto que no fueron consideradas en los estudios iniciales, lo que obliga a coordinar con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) nuevos diseños, reubicación de postes y el cumplimiento de normativas técnicas, con rubros adicionales que deben ser aprobados.
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A esto se suma el rediseño del canal de drenaje contiguo a la vía. En este tramo, además, se ejecutaron desplazamientos del canal y labores de relleno, pero los cambios de diseño implican variaciones técnicas y económicas que aún deben ser formalizadas dentro del contrato, indicó Tenelema.
Otras observaciones hechas son respecto de la precarga prevista en los estudios para evaluar asentamientos del terreno.
En paralelo a la obra se ejecuta el proceso de expropiación que involucra a 118 predios. En este trámite se incluye la actualización de información catastral y el cumplimiento de la normativa vigente para el reconocimiento y pago correspondiente.
El funcionario de la Prefectura de Guayas agregó que existen zonas afectadas por asentamientos irregulares cuya intervención corresponde a la Secretaría de Asentamientos. La liberación de estas áreas también es clave para avanzar en determinados frentes del proyecto, mencionó.
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“Nosotros hemos destinado todo nuestro interés a que esta obra se ejecute de la mejor manera y vamos a tratar de que no se paralice, que avancemos en los aspectos que podamos avanzar y contemos con las viabilidades y los temas a resolver a la brevedad posible”, manifestó Tenelema.
Desembolsos ejecutados para la obra
Desde que arrancó la ejecución de la obra, el único desembolso realizado por el Gobierno central corresponde a un anticipo de $ 35 millones, transferido a finales de 2024.
De acuerdo con el cronograma inicial, para el año 2025 estaba previsto un desembolso adicional de $ 51 millones, mientras que en 2026 se debía completar el saldo restante hasta alcanzar los $ 119 millones comprometidos en el convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).
Sin embargo, no se ha recibido ningún nuevo desembolso posterior al anticipo inicial.
En una reunión realizada el pasado 5 de diciembre se justificó la ejecución de los primeros $ 35 millones y se ratificó la preparación de una transferencia adicional de $ 10 millones. Pese a ello, hasta la fecha, la Prefectura no ha recibido ese monto.
La inversión en los tramos 4 y 5 ya supera los $ 45 millones. De ese monto, una parte corresponde al anticipo entregado a la contratista y otra a planillas devengadas por ejecución de obra. Estos valores adicionales han sido asumidos directamente por el Gobierno provincial. (I)
