Los tres militares que fueron detenidos el jueves en el centro norte de Quito con $ 94.842 deberán enfrentar un proceso por lavado de activos.

Durante la audiencia que se realizó, la Fiscalía esgrimió que había suficientes elementos para determinar el delito de activos, que hace referencia a transportar valores que sean de origen ilícito, pues no se ha logrado justificar el origen lícito del monto hallado.

A los militares los aprehendieron en un operativo con esa alta suma en un vehículo Kia. La alta suma estaba en una funda.

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El lavado de activos está tipificado y sancionado en el art. 317, inciso tercero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal. En este artículo se especifican las sanciones que podría acarrear una persona según el monto de los activos objeto del delito.

Las penas pueden ir de 1 hasta 13 años de privación de libertad, según la causa.

Cuando se dio a conocer la captura, las Fuerzas Armadas y la Policía ligaron a los tres militares -dos en servicio pasivo y uno activo- a supuestos grupos delictivos.

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El Ejército indicó en un comunicado que estos militares tendrían nexos con grupos delictivos o terroristas, y que “tendrían previsto atentar contra la integridad de elementos de las Fuerzas Armadas en servicio activo que se encuentran cumpliendo operaciones de control y seguridad”.

Los militares procesados son Orlando J., Jairo A. y Héctor C., en servicio pasivo y activo, respectivamente.

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En la audiencia, los militares pretendieron justificar que entre los tres reunieron el dinero para la compra de un camión.

Uno de los militares implicados indicó que $ 40.000 le pertenecen y que había recibido como parte de su jubilación. Señaló que tenía otros $ 30.000 en una cooperativa y $ 15.000 en otra. Ese militar mencionó que se dedicaba a la compra de cajas de banano y que se había decidido a invertir en un camión. En su versión adujo que salieron temprano desde Valencia, fueron a un local de comida rápida y luego se cambiaron a otro.

Según su versión, no se habían dado cuenta de que andaban con un carro con placa terminada en 8, que en Quito no podría circular por el pico y placa.

El sargento en servicio activo, en cambio, indicó que él tenía 20.000 dólares y una camioneta que vendió en 12.000 dólares. Además que hizo un crédito y que pensaba cambiar de tipo de vehículo. Según su versión, sus compañeros le dijeron que querían comprar un carro y por ello salieron desde Valencia.

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Mencionó que si hubieran estado en una actividad ilícita no se hubieran puesto en ese lugar donde fueron atrapados, donde vieron una cámara del restaurante y del ECU911.

Dentro de su versión, el otro militar en servicio pasivo involucrado sostuvo que querían comprar un camión. Él señaló que su dinero es de $ 38.000.

Pero la Fiscalía estimó en la audiencia que los montos que esgrimieron los militares no concordaban, pues uno indicó que transportaba $ 40.000, otro $ 36.000 y el otro $ 38.000, que daban un total de $ 114.000. El monto hallado fue de $ 94.842. Además, no se presentó toda la documentación que respalde el origen de los montos.

Tras los alegatos, la jueza a cargo de la audiencia dispuso prisión preventiva para los dos militares, y al tercero, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

La duración de la instrucción fiscal será por 30 días al tratarse de un procedimiento ordinario.

La jueza que estuvo a cargo de la audiencia dispuso que los $ 94.842 hallados se depositen en el Banco Central y para ello se dispuso oficiar al jefe de la Policía Judicial.