El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, explicó el alcance que tendrá el proyecto de reformas que prepara el Ejecutivo con apoyo de la Procuraduría General del Estado para mejorar el Sistema de Rehabilitación Social del país, como lo mencionó el presidente Guillermo Lasso la noche de este lunes 15 de noviembre. El Gobierno aún no anuncia fecha para el envío.

Ampliar el alcance de la autoría por dominio de organización; facilitar el remate de los bienes secuestrados a criminales vinculados al narcotráfico, lavado de activos y demás delitos transnacionales; reformar la estructura del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y del Directorio; y ampliar la normativa del uso progresivo de la fuerza son las propuestas oficiales.

Las reformas son parte de una serie de medidas que anunció el Gobierno para intentar frenar la crisis carcelaria. El fin de semana pasado, 62 presos fueron asesinados y 44 resultaron heridos en una nueva masacre.

Pozo recalcó que el tema de la autoría por dominio de organización no se trata de la tipificación de un nuevo delito, sino de una ampliación de lo que ya consta en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar a los autores que dominan las mafias del narcotráfico y otros delitos transnacionales.

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“La teoría del dominio por organización, si bien ya está reconocida en el COIP actual requiere ser perfeccionada y ampliada para más fácil aplicación. El que ordena matar a alguien en una organización a un subordinado es también autor, no es un simple cómplice, es también un autor”, añadió el secretario jurídico.

Sobre las reformas a la estructura del SNAI, el secretario jurídico de la Presidencia señaló que es necesario aclarar en la normativa las competencias de este servicio como encargado de la administración de las cárceles y, por otro lado, del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que es el encargado de la parte de rehabilitación social con reinserción laboral y otros componentes.

Respecto al uso progresivo de la fuerza, cuya regulación para los policías y guías penitenciarios ya se establece en el COIP, Pozo expresó que se propondrán reformas en este tema para dar seguridad y garantías a las fuerzas del orden, con el fin de “que no sean injustamente criminalizadas cuando han estado en el ejercicio correcto del deber”.

“Habría que reformar el alcance para la Policía, los guías penitenciarios, ahora, por ejemplo, no pueden tener armas letales”, indicó el secretario, y prefirió no adelantar si se incluiría a los militares en la regulación del uso progresivo de la fuerza.

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“Yo creo que sí, pero todavía tenemos que revisarlo con la Procuraduría, el Ministerio, no quisiera pronunciarme categóricamente todavía sobre ese punto”, dijo.

La última sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre este tema declaró inconstitucional por el fondo y la forma el Acuerdo del Ministerio de Defensa, que regulaba el uso progresivo de la fuerza militar.

Más de 300 reos asesinados a nivel nacional durante enfrentamientos entre bandas delictivas en el interior de centros carcelarios

Pablo Encalada, abogado penalista, señaló que la autoría mediata por aparatos organizados de poder, la regulación del uso progresivo de la fuerza y el decomiso de bienes provenientes del narcotráfico y otros delitos no son nada nuevo y que lo que sí se debería reestructurar es el SNAI, pero sin que se requiera de una reforma de Ley, sino a través de un decreto ejecutivo o reglamento.

Encalada sostuvo que la autoría mediata por aparatos organizados de poder consta en el artículo 42 del COIP, numeral 2 de la autoría mediata, literal d, que dice: “Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva”.

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En cuanto al uso progresivo de la fuerza, Encalada afirmó que tampoco hacen falta reformas, pues en el artículo 30.1 del COIP ya se regula y, en estados de excepción, cuando los militares actúan con los policías de forma complementaria, aplican la misma regulación para las dos fuerzas.

“El principio rige para todo el mundo, pueden usar las armas en uso del principio del Estado de necesidad, la legítima defensa y del uso progresivo de la fuerza, no hacen falta reformas”, enfatizó el abogado penalista.

En la Asamblea Nacional existen diferentes criterios respecto a las reformas penales anunciadas por el presidente Guillermo Lasso.

Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que “esperarán con ansias” que llegue el proyecto de ley para analizarlo y combatir la delincuencia.

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Sin embargo, Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática (ID), sostuvo que lo que realmente se necesita es que los operadores de justicia apliquen de manera adecuada las normas. “Existen 37 proyectos represados en la Comisión de Justicia” que deberían ser tratados, añadió.

A más de estas reformas, el Gobierno dispuso la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la Ley”.

Tambié el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para agilitar los trámites de beneficios penitenciarios solicitados por los reclusos que tengan derecho a acogerse a la prelibertad.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo para acompañar un proceso de reparación integral, por parte del Estado, a las familias afectadas por esta tragedia.

Se tramitarán indultos a personas con enfermedades catastróficas que se encuentran en las cárceles. (I)