Proceso de recusación planteado por Jorge Yunda no avanza; 57 días llevan los jueces del caso sin notificar su fallo por escrito

Dentro de pocos días se cumplirán dos meses de que los jueces penales de Pichincha Wilson Lema y Patlova Guerra dieron a conocer de forma oral que aceptaban la recusación propuesta por el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda contra el juez Fabián Fabara, parte del Tribunal de Juicio que analiza el delito de peculado en el que Yunda es uno de los catorce procesados, pero hasta el momento esa sentencia por escrito no ha sido notificada a las partes.

El no tener la fundamentación por escrito de la decisión que tomaron Lema y Guerra, el 22 de diciembre pasado, ha hecho que no se pueda avanzar con la apelación de ese fallo que anunció de forma oral en la propia audiencia Xavier Flores, defensa del juez recusado Fabara, ni tampoco pueda continuar la audiencia de juicio en la causa principal, es decir, el juzgamiento de un peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

La recusación de Yunda hacia Fabara se conoció el 21 de octubre pasado, en el decimosexto día de audiencia de juzgamiento del peculado investigado por el fiscal de Pichincha Alberto Santillán. Para la defensa del cesado alcalde, el juez Fabara se habría mostrado parcializado en la causa y bajo la facultad de hacer preguntas aclaratorias introdujo información que los testigos no dieron contra Yunda.

Recusación presentada por Jorge Yunda en caso por peculado hace que el proceso de juzgamiento sufra demoras

Por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, el removido alcalde Yunda es acusado como autor mediato; mientras que como autores directos de peculado se acusa al exsecretario de Salud Lenín Mantilla y al gerente de Salumed S. A., Juan Alejandro Vinelli.

Además, once personas más fueron acusadas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud.

Flores explica que necesita la resolución por escrito, porque de conformidad con el artículo 257 del Código Orgánico General del Procesos, las partes deben recibir el fallo por escrito para fundamentar por escrito de igual manera el recurso de apelación. “Previamente tenemos que recibir la resolución por escrito, ingresar un escrito fundamentando nuestro recurso de apelación, la otra parte tiene la posibilidad de contestar por escrito nuestro fundamento del recurso de apelación y ahí recién se convoca a una audiencia, es decir, sí estamos bastante retrasados en el tema”.

Pese a que reconoce que hay casos que dependiendo de la extensión demora en emitirse la sentencia por escrito, al abogado de Fabara no deja de preocuparle la evidente demora que existe en esta causa, pues ya casi dos meses han pasado de que se dio la lectura de la sentencia con la que se aceptó la recusación de Yunda.

Además, Flores indica que ha presentado hasta el momento dos insistencias solicitando a los jueces Lema y Guerra que notifiquen con la resolución por escrito para fundamentar la apelación. “No tenemos ninguna respuesta todavía, nos nos notifican, no concluyen seguramente la resolución, no conozco en sí porque ya ese es un trámite propio de los jueces sobre el cual no tengo control”.

En vereda contraria, a Édgar Molina, parte de la defensa de Jorge Yunda, no le preocupa la demora y cree que ya ese es un tema estrictamente de los jueces. El abogado piensa que no se debería separar del caso a los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra, sino solo a Fabara, nombrar otro juez para el Tribunal y continuar desde cero con la audiencia de juzgamiento por peculado.

Para Pablo Encalada, abogado del procesado por peculado Enrique Buchelli, quien habría generado la necesidad de adquisición de las pruebas, sería “terrible” el que se vuelva a cero en el caso principal en lo que se refiere a la audiencia de juicio. “Si se vuelve a cero deberíamos volver a realizar la prueba, la pérdida de tiempo, ese es un problema, cómo lo van a resolver sí que es un problema”.

Según Encalada, hasta antes de que se dé la recusación ellos como defensa iban bien, a tal punto que su cliente esperaba estar en diciembre pasado liberado de este proceso penal y ya no cumpliendo medida cautelar alguna.

Molina espera que en la audiencia de apelación se ratifique la decisión de los jueces Guerra y Lema, no solo, dice, porque “los argumentos que presentamos fueron sumamente fuertes”, sino porque, sostiene, es primera vez que “dos jueces del propio Tribunal se dan cuenta de que lo que estaba haciendo un juez es algo anecdótico”.

Jorge Yunda recusa a uno de los jueces del Tribunal de Juicio del caso por peculado y pide que se lo separe de la causa

Flores defiende el actuar de Fabara, señalando que lo único que realizó en el desarrollo de la causa fueron preguntas aclaratorias, lo que le faculta el Código Orgánico Integral Penal.

“A la defensa y al exalcalde Jorge Yunda parece que eso no les gusta. Hay que considerar que los jueces cuando están inmersos en un proceso penal no son todólogos, entonces cuando participan de las audiencias los peritos o testigos de los hechos que se están tratando de dilucidar, lo que se busca es que los jueces aclaren ciertos aspectos que se dicen en la audiencia, precisamente para tener mayor información al momento de resolver”, apuntó.

Un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por sorteo, deberá analizar en apelación las conclusiones a las que arribaron Lema y Guerra de que la facultad de aclaración que tenía Fabián Fabara en “un momento determinado terminó en un interrogatorio” en el que se realizaron varias preguntas y que muchas de ellas “llevan insertas un criterio que expone el juez y en el cual introduce nueva información tanto a los testigos como a los peritos”. (I)