En rechazo a la estación de peaje en Olmedo, vía Santa Elena-Guayaquil, ciudadanos realizaron un plantón la mañana de este sábado, 26 de febrero.

A la convocatoria del colectivo Despierta Santa Elena se unieron transportistas de carga pesada y ciudadanía que portaron carteles en contra del contrato de delegación vial y del cobro del peaje -que está suspendido desde la tarde del jueves-.

Se suspende de manera temporal el cobro del peaje en Olmedo, en la ruta Santa Elena-Guayaquil

Drino Nieto Morejón, quien preside dicho colectivo, manifestó que hay un informe de la Contraloría General del Estado el cual determina “un sobredimensionado ingreso que va a tener la concesionaria, la compañía Verdú, que llega a cerca de 800 millones de dólares, ellos apenas han invertido 72 millones de dólares”, sostuvo.

Nieto añadió que otro motivo para el reclamo es el asfaltado malo, con desniveles, además de la falta de iluminación y señalización en el tramo Progreso-Santa Elena, lo cual consideran “una discriminación”.

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Personal de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) permanecieron en el lugar para controlar el orden.

No cobran peaje

En este primer día de feriado se evidencia el arribo de centenares de vehículos a Santa Elena. En la estación de peaje en Olmedo, pasadas las 10:00 hubo mayor flujo vehicular.

La mayoría de los conductores desconocía que al momento no se cobra el peaje debido al cumplimiento de una medida cautelar dispuesta por el juez de Manglaralto Diego Moscoso.

Sobre este último tema, Cvialco emitió un comunicado en el que especifica que consideran improcedente la solicitud de medida cautelar, entre otras razones, porque esta acción fue contra la compañía Verdú y no contra Cvialco, que está a cargo de los trabajos en la vía E 40.

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El nuevo peaje Olmedo-Santa Elena está listo y vehículos livianos que van a Península o regresan a Guayaquil pagan $ 1 más desde el viernes

“No existe ningún elemento fáctico suficiente que fundamente de forma adecuada la violación de estándares de servicio de seguridad vial acorde al contrato suscrito. No cabe que un juez de Manglaralto dé por ciertos hechos cuyo control compete exclusivamente a la entidad delegante (MTOP), no existe ningún derecho constitucional vulnerado”, señaló la empresa en el comunicado.

Además, solicitan la revocatoria de la medida cautelar porque “esta acción atenta contra todo principio de derecho y genera inseguridad jurídica para cualquier proyecto de inversión privada en el país”. (I)