Los hackeos y vulneraciones del sistema informático (axis 4.0) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para emitir de forma fraudulenta matrículas, licencias y certificados, obtener turnos, eliminar multas, restituir puntos irregularmente en el permiso de conducción, entre otros trámites, ha sido reconocido por la institución desde hace al menos seis años.

No obstante, la ANT continúa utilizando este software, de ‘obsolescencia tecnológica’, que data del 2012. “Es de conocimiento público (que) el sistema único de tránsito de la ANT (axis) ha sido objeto de varios ataques informáticos, probablemente debido a su obsolescencia tecnológica, ocasionando un perjuicio al Estado y público en general”, señala la entidad en el proceso de compra del servicio de nube para este sistema, adjudicado a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por un monto de $ 841.712 y un plazo de ejecución de siete meses, hasta noviembre.

A esta limitación del axis se suma la falta de actualización de otros componentes (base de datos oracles, java, browsers), expone el fabricante del software en un escrito citado por la Agencia en septiembre del 2022: “Nunca fueron actualizados en estos casi ocho años, desde su entrega a la ANT”.

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En el documento, el productor menciona que en los dos últimos años han insistido en la necesidad de renovar las versiones de los programas, pero los directivos de la ANT fueron “renuentes con esta opción”. Además, notifica a la institución que el axis 4.0 dejará de tener soporte técnico en noviembre de este año 2023.

Esa asistencia, según reconoce el proveedor, será de la misma manera que la ha dado durante el último año y que no contempla actualizaciones de versiones, nuevos desarrollos, capacitaciones, reinstalaciones ni migraciones. “Si uno contrata un sistema, independiente del negocio y más aún si es una entidad pública, siempre debe considerarse que tenga actualizaciones, asistencia técnica, capacitaciones al personal”, comenta un experto informático, que prefirió la reserva de su nombre.

En noviembre próximo también concluye el servicio de nube para este sistema, que fue contratado por la ANT como alternativa para “garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad del sistema, mientras las autoridades realizan las gestiones para contratar una solución integral que incluya un nuevo sistema de última generación con todas las seguridades necesarias que solvente la problemática que es de conocimiento público”, señala la ANT en el proceso.

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En 2021, la Agencia eliminó 35.000 licencias de conducir y el año pasado anularon 50.926, debido a que se omitieron “pasos o controles informáticos” durante el trámite, según las rendiciones de cuentas de la entidad. La demanda de este documento ha crecido en el país en el 32 % en los últimos cuatro años. (Ver gráfico)

En 2022 también se eliminaron más de 5.000 usuarios y 117.200 matrículas ‘fraudulentas’, que no habían pagado las tasas por años. Pero algunas de estas suspensiones fueron revertidas, lamenta Adrián Castro, exdirector de la ANT (junio de 2021-agosto de 2022), después de su gestión. “Seguramente siguen haciendo algún tipo de fraude dentro del sistema”, cree el exfuncionario, quien presentó en Fiscalía al menos 30 denuncias, la mayoría por fraude a la administración pública.

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Otras fueron por ‘acceso no consentido a un sistema informático’, pero ninguno de los sospechosos identificados tiene un proceso judicial abierto o al menos no consta en la página de la Función Judicial.

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En su gestión, el exdirectivo confirmó los ‘huecos tecnológicos’, declaró la emergencia del sistema informático e invirtió más de $ 1,8 millones en el servicio de nube (al proveedor CNT, por $ 1 millón), en una auditoría (de la firma Radical, por $ 800.000) y en seguridad perimetral (a Telconet por $ 70.000) por un año, hasta noviembre de 2022.

Castro asegura que también recomendó reemplazar el sistema informático porque considera que se prestaría para ‘todo acto de corrupción’: “El modelo más cercano y uno de los más efectivos del continente está en Colombia, el sistema runt, que garantiza que los funcionarios tengan acceso biométricos y están conectados al sistema tributario, al de la policía, de la revisión vehicular y matriculación.., es un sistema casi invulnerable”. Esta opción la concibieron bajo una alianza público-privada, pero el proceso de contratación –añade– tomaría al menos un año.

En cambio, el fabricante del axis sugiere a la ANT –en el proceso– que se cree una nube de servicios con la nueva versión axis 5.0 por un mínimo de cinco años, lo cual tampoco fue aceptado. En su reemplazo se contrató esta asistencia con la versión antigua.

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CNT, proveedor del servicio, debe dotar de un servicio de nube que incluya almacenamiento (con capacidad mensual para 100 terabytes y en archivo otros 400 terabytes al mes), procesamiento multitareas, redes, base de datos, enlaces de datos, respaldos y seguridades. También, detalla el proceso, dispondrá de una ‘solución tecnológica’ que permita atender la operación del sistema de la ANT, entidad que no atendió un requerimiento de entrevista e información de este Diario, solicitado hace cerca de dos meses. (I)