El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este martes a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de un proceso abierto por la compra de 60 trolebuses eléctricos que se ejecutó entre abril y mayo de 2025.
En este caso, tras un análisis, Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a Fiscalía.
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Por otra parte, dentro del caso de compra de los troles, el edil Wilson Merino denunció ante la Fiscalía General del Estado un presunto caso de peculado.
“Cuando los recursos de quiteños y quiteñas se invierten de manera transparente, avanzan. Ya por este caso hemos recibido amenazas de muerte e intimidación y creemos que se incrementarán”, había manifestado el edil.
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Esta acción judicial, según Merino, recae sobre Muñoz, el secretario de Movilidad, Álex Pérez, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq), Xavier Vásquez, y otros funcionarios que intervinieron en el proceso.
Se advirtió que los trolebuses no cumplirían con varias especificaciones técnicas en seguridad y diseño operativo, por lo que podrían representar un riesgo para los usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte público.
La defensa del alcalde Muñoz
Muñoz ha manifestado que la ciudad tardó 30 años en comprar 60 trolebuses y, claramente, se cumplió la ley, incluyendo tres aspectos legales: la Constitución, un tratado internacional y la Ley de Contratación Pública.
Además, a decir del alcalde, se adquirieron a un precio menor tomando en cuenta dos estudios de mercado previos, lo que generó un ahorro.
El Municipio ha manifestado que hubo un ahorro por unidad de $ 27.784 que incluye asistencia técnica internacional, certificación de talleres, capacitación y acompañamiento por dos años. (I)