Ibarra
La venta de un terreno en la prolongación del antiguo aeropuerto Atahualpa, en la avenida Mariano Acosta y Víctor Gómez Jurado, junto al parque Ciudad Blanca, en Ibarra, por parte de la actual administración municipal, abre una controversia entre quienes apoyan y los que se oponen a esta pretensión.
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Con el paso de los días, esta negociación ha despertado polémica. Quienes no están de acuerdo han interpuesto acciones legales y medidas cautelares que buscan evitar esta transacción.
Este terreno de 12.257 metros cuadrados fue entregado al Gobierno nacional por el exalcalde Jorge Martínez. Allí se pretendía construir en el 2012 una plataforma gubernamental, infraestructura donde iban a funcionar varias dependencias estatales de la Zona 1.
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Tras no concretarse la obra gubernamental, el terreno pasó a Inmobiliar. La actual administración del Municipio de Ibarra recuperó este espacio verde y ha decidido ponerlo en venta bajo la modalidad de remate, situación que ha generado criterios divididos.
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Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, ha manifestado que los recursos que recibirán serán reinvertidos en el proyecto de recuperación de la laguna de Yahuarcocha, en la construcción de un centro de salud y de un centro de convenciones.
El parque Ciudad Blanca es uno de los espacios recreativos más grandes de Ibarra, que tiene 217.000 habitantes. Según el exalcalde Jorge Martínez, en el área en venta se preveía una segunda fase de esta zona recreativa.
El expersonero explicó que al ser Ibarra la capital zonal de las provincias de Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, se justificaba la entrega del bien para la edificación de la plataforma, y al no ejecutarse el proyecto debía revertirse el terreno, sin embargo, considera que vender el lote es una decisión innecesaria, inconsulta y con vicios de ilegitimidad.
“No porque los ciudadanos nos entregan un mandato vamos a hacer lo que nos da la gana o a vender los bienes municipales, violentando un derecho a la recreación o al espacio público”, agregó al tiempo que exhortó al Concejo a que dé marcha atrás y busque otras alternativas de financiamiento municipal.
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El alcalde Álvaro Castillo ha insistido en que este terreno estaba perdido y que él, a través de sus gestiones, lo ha recuperado. Por ello, ha sostenido, no está cometiendo ninguna ilegalidad más aún cuando la normativa le permite.
El terreno tiene la clave catastral y en manos del Gobierno hubiera sido rematado.
Según el personero, con los recursos que se van a recaudar se prevé promover proyectos emergentes sin vulnerar los derechos de la ciudad. Afirmó que es legal el proceso de venta y que la decisión la tomó junto con el Concejo Municipal, cumpliendo los parámetros legales.
El alcalde refirió que cada metro cuadrado está valuado en $ 440, siendo la base de la oferta $ 6 millones. Sobre los detractores de esta iniciativa municipal, el funcionario ha señalado que quieren llevar un tema técnico al campo político en vísperas de las próximas elecciones.
Pese a los cuestionamientos, la primera autoridad de Ibarra ha dicho que no habrá marcha atrás, porque el remate del terreno es una decisión del Concejo Municipal.
Junta de Remates adjudicó a único oferente
La Junta de Remates del Municipio de Ibarra por unanimidad adjudicó la propuesta que presentó la compañía Wayshopping S. A. S., único oferente.
Se indicó que el proceso cumplió con los artículos 104, 105, 106, 107 y 108 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. De ahí que, según la Junta, el proceso de remate no tiene impedimento legal ni técnico.
El Municipio de Ibarra informó que la Dirección Financiera realizó el cálculo respectivo del interés que percibirá la Municipalidad por la venta del inmueble, con base en una proyección del 10,4 % establecido por el sector inmobiliario.
Esto, basado en la tasa de interés activa efectiva, vigente para el sistema financiero nacional, emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, órgano del Banco Central del Ecuador, encargado de formular la política en el ámbito monetario, y observar su aplicación.
Por ello, se deberá incrementar un 0,5 % de interés propuesto por el oferente, lo que representa $ 1′329.800 adicionales a los $ 6 millones que propuso el único oferente.
A un sector ciudadano le preocupa que la compañía ganadora pagaría el valor total en alícuotas hasta el 2028. Aquello no permitirá ejecutar obras grandes, dijeron ciudadanos consultados.
También hay reparos a la inversión que haría la Municipalidad con esos valores en Yahuarcocha, cuya remediación requiere de $ 25 millones, según Juan Arias, excandidato a la Alcaldía.
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César Pérez, del Frente de Defensa del Parque, refirió que la compañía que comprará el predio fue conformada el 9 de febrero de este año, por lo que le sorprende que una nueva empresa creada hace tan poco tiempo haya presentado la única oferta.
Raiza Zamora, vicealcaldesa de Ibarra y presidenta de la Junta de Remates Municipal, señaló que se encargaron de evaluar la postulación del oferente, que cumplió con los requisitos del procedimiento.
La venta y celeridad del proceso han sido cuestionadas por el Frente de Defensa del Parque Ciudad de Ibarra.
Juan Arias manifestó que no hubo transparencia en el proceso y que no existe información sobre los proyectos en los que el alcalde Álvaro Castillo invertirá los fondos producto de la venta.
“Hemos debido actuar legalmente para tener acceso a la información sobre esta negociación que beneficiará a una familia de Ibarra y nos entregan a última hora varios documentos, pero de forma incompleta”, indicó.
Arias expresó que faltan cinco parques grandes en Ibarra para tener la norma mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece una base de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y que Ibarra tiene menos de tres metros por habitante.
Inty Gronneberg, Ph. D. en Innovación, en su cuenta en la plataforma X, antes Twitter, posteó el martes 20 de febrero:
“El día de ayer se remató una parte del parque Céntrica Bulevar de Ibarra. En una ciudad con apenas 3,5 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, muy por debajo de la recomendación de la OMS de 9 m², las autoridades deciden vender espacios verdes. El espacio se vendió en cómodas cuotas. La ciudad recibirá $ 1,2 millones por año hasta el 2028. Este acto atroz debe ser revisado por la Contraloría del Ecuador y ser fiscalizado por los asambleístas de Imbabura”.
La asambleísta por Imbabura Pamela Aguirre informó a través de su cuenta en X que está exigiendo a la ministra del Ambiente y a la Contraloría del Estado que tomen acciones inmediatas. “El parque Ciudad Blanca no debe ser mutilado en un remate. Los daños serán irreversibles”, escribió.
El pasado 15 de febrero, la Contraloría dispuso la verificación preliminar para determinar si amerita la realización de un examen especial al proceso de aprobación de venta por parte del Concejo Municipal de Ibarra de un espacio de terreno de aproximadamente 12.000 metros cuadrados en un precio de remate de cerca de $ 6 millones.
Una medida cautelar constitucional dispuso levantar de inmediato las vallas con las que fue cercado este inmueble municipal de 13.000 metros cuadrados, a fin de que las personas puedan utilizar el espacio público y así disfrutar plenamente del derecho a la ciudad, al tiempo libre, a la recreación, al esparcimiento y al deporte.
Además, estableció que el cabildo de Ibarra se abstenga de remover el monumento al emperador Caranqui Atahualpa y de impedir que los integrantes del pueblo quechua-karanki realicen sus ceremonias ancestrales frente a este monumento.
El Municipio dio cumplimiento a esta disposición y procedió a retirar el cerramiento. (I)