Municipio de Quito denunció que siete agentes fueron agredidos por un grupo de comerciantes no regularizados

Los siete agentes de control metropolitano transitaban en una camioneta, de pronto llegó un grupo de aproximadamente 20 personas y los atacó con palos, piedras y taburetes, así lo denunció el Municipio de Quito.

Era la tarde del sábado 16 de julio, los funcionarios presentaron una serie de heridas, por lo que tuvieron que ser trasladados al dispensario central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los agredidos del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano relataron que horas antes realizaron un operativo para el control del buen uso del espacio público en las calles Chile y Cuenca, en el casco antiguo. Al ver la presencia de los agentes, varios ciudadanos salieron corriendo, uno de ellos ingresó de manera repentina a un local, estrellándose con una vitrina, la que terminó con el vidrio roto.

Producto del accidente, el individuo habría terminado con algunas heridas. Según los agentes municipales, brindaron ayuda para estabilizar al ciudadano hasta que se retire del lugar.

Sin embargo, habrían reconocido que entre el grupo de atacantes se encontraba la persona que antes pasó por el incidente.

En redes sociales se compartió un video en el que se responsabilizaba a los agentes de las heridas del ciudadano. Sin embargo, esta versión fue negada por las autoridades del Municipio.

Según el reporte de las autoridades, los agentes presentaron contusiones en la cabeza, rostro y cuerpo. “Uno de ellos inclusive presenta una grave herida abierta en la cabeza que fue suturada y está siendo evaluado médicamente, otro efectivo tiene fuertes golpes en la columna que le dificultan moverse, un tercero tiene dislocado un hombro”, sostiene el reporte.

Finalmente, se informó que una vez que se estabilicen los funcionarios municipales se procederá con una denuncia legal.

El artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que:

La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, (…) a los agentes de policía, de seguridad penitenciaria y a las y los servidores de las entidades complementarias de seguridad de los Gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Desde el Municipio de Quito rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los agentes en la coordinación del orden en el espacio público. (I)