Ambato
Durante los operativos para la recuperación y control de espacios públicos tomados para la venta informal, agentes de control municipal fueron amenazados y agredidos por personas “camufladas” como comerciantes autónomos.
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Según Carlos Toalombo, director de la Agencia de Orden y Control Ciudadano del Municipio de Ambato, estas personas se dedican a actividades ilícitas. Por esa razón, son quienes más se oponen a los controles; lo hacen con agresiones y amenazas, incluso con armas blancas.
Estas personas, según la autoridad, se dedican especialmente al arranche de carteras, celulares y otros objetos que llevan los transeúntes.
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Además, por comentarios de los comerciantes y ciudadanos que viven por los alrededores, también serían microtraficantes (de sustancias sujetas a fiscalización). Pero inteligencia de la Policía Nacional trabaja en este tema.
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“Las personas que se dedican a actividades ilícitas son tanto nacionales como extranjeras. Nos han amenazado y manifestado que tienen un montón de gente que trabaja para ellos, y en el momento que hagamos los operativos se van a activar con toda la logística que tienen. Por esa razón se articulan acciones con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas”, dijo.
Informó que los mayores problemas se tuvieron alrededor de los mercados Modelo, Central y Artesanal, así como en la calle Tomás Sevilla.
Por este motivo se capacitó a los agentes de control municipal en materia de derechos humanos, y se contó con el asesoramiento de la Policía Nacional en el uso progresivo de la fuerza, defensa personal, instrucción formal y uso del gas pimienta.
“Esto permitirá contrarrestar cuando algún ciudadano malintencionado quiera atentar en contra del trabajo de los agentes de control municipal”, aseveró Toalombo.
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También por las amenazas y agresiones, tanto físicas como verbales, se presentaron entre cuatro y cinco informes a Procuraduría Síndica para que se ejecuten las acciones legales correspondientes.
Al margen de esto, se presentaron denuncias particulares ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones para determinar responsabilidades.
Añadió que la ordenanza de ocupación de bienes de uso público prohíbe realizar actividades comerciales utilizando coches, vehículos, carpas o cualquier objeto en las avenidas, aceras, parterres, parques.
A quienes lo incumplen se los sanciona con el 30 % del salario básico unificado, es decir, $ 138.
Hay un promedio de diez a quince personas a quienes se les sigue los procesos de manera mensual, comentó el director de la Agencia de Orden y Control Ciudadano. (I)