Condenan a militares de la FAE a nueve años de cárcel por sabotaje al radar de Montecristi

El Tribunal de Garantías Penales sentenció a nueve miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) a nueve años y tres meses de prisión . Los jueces los hallaron culpables del delito de sabotaje , en grado de omisión, tras la destrucción del radar de vigilancia en el cerro Montecristi en noviembre de 2021.La condena recae sobre nueve uniformados: Édison G., Álex C., Jesús Z., Ítalo S., Cristhian C., Kleber Ch., Cristhian A., Fernando M. y Brayan Ch. Ellos tenían la responsabilidad directa de patrullar y custodiar el equipo tecnológico al momento del ataque. El Tribunal notificará próximamente el monto de las multas y la reparación integral.La investigación fiscal determinó que una explosión deliberada inutilizó el radar , que apenas iniciaba operaciones para detectar aeronaves no autorizadas.Durante el juicio, la Fiscalía presentó 60 testimonios y pruebas documentales , incluyendo asistencias penales internacionales de Estados Unidos y España que descartaron cualquier falla técnica en el dispositivo.Los peritajes científicos confirmaron el uso de potentes explosivos como PETN, RDX y TNT, componentes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estos materiales requieren manejo especializado y dejan escasos rastros tras la detonación. Los informes de la fabricante del radar y de la propia FAE ratificaron que el daño fue provocado externamente .El área del cerro Montecristi gozaba del estatus de zona estratégica para la seguridad nacional. Aunque inicialmente diez personas enfrentaron el proceso, la justicia extinguió la acción penal contra un implicado debido a su fallecimiento. Los jueces concluyeron que los centinelas permitieron el ataque al incumplir su deber de vigilancia.Finalmente, la sentencia se fundamenta en el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) , que sanciona el sabotaje con hasta diez años de cárcel. En este proceso se aplicó la figura de participación por omisión , establecida en el artículo 42 del mismo cuerpo legal, por no evitar la agresión al bien público. (I)

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