La Policía Nacional informó que desde hoy iniciará el proceso de chatarrización de 4.222 motocicletas y 129 vehículos, con un total de 4.351 automotores a nivel nacional. El proceso, adjudicado a una empresa especialista, tendrá una duración de 30 días.

Estos medios de transporte se encuentran en patios de la Policía Judicial y Antinarcóticos, los que han sido recuperados o aprehendidos en diferentes delitos cometidos entre el 2011 y el 2019.

Jorge Vásquez, jefe de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, señaló que todos los automotores cuentan con la respectiva orden emitida por jueces y fiscales, al demostrar que se encuentran en mal estado, obsoletos o inservibles, que han permanecido en los patios de retención sin que hayan sido reclamados por sus legítimos propietarios.

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Antes de disponer la chatarrización, la Policía Nacional habría publicado el listado de los automotores desde el 20 de octubre pasado y se mantuvo hasta el 3 de noviembre en la página institucional. Además, se realizó una publicación en un medio de comunicación impreso.

Es decir, desde la publicación de la lista de vehículos se concedió un plazo de quince días para que sean reclamados por los dueños de acuerdo al derecho que tienen.

El proceso se llevará en los patios de retención de las siguientes ciudades: San Gabriel, Ibarra, Archidona, Ambato, Riobamba, Latacunga, Portoviejo, Chone, Manta, Guaranda, Ventanas, Cañar, Azogues, Cuenca, Macas, Machala, Huaquillas, Piñas, Zamora y Zumba.

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Vásquez dijo que la empresa Reciclajes Nacionales F&F fue la adjudicada con el contrato de chatarrización previo al lanzamiento en un concurso público. También agregó que el proceso tiene estipulado el lapso de 30 días desde el inicio del contrato.

Esta unidad de la Policía estaría realizando anualmente las órdenes de chatarrización, sin embargo, una vez que tiene un número significativo procede con el lanzamiento del proceso. La autoridad también puntualizó que la destrucción de los automotores es gratuita para la Policía, de hecho, dijo que las empresas que se adjudican el contrato pagan un porcentaje por tonelada de chatarra establecido legalmente.

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Santiago Garzón, jefe de coordinación operacional de esta unidad de acopio, resaltó que la importancia del proceso tiene por objeto optimizar los espacios, si no hubieran colapsado. Con esta destrucción los centros de retención vehicular tendrían un 60 % de capacidad disponible a nivel nacional. (I)