Jenny Elvia R., la joven de 24 años que presentó una oferta para comprar 93 hectáreas de un predio municipal, se retractó de la adquisición.
La joven presentó un oficio al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, para solicitar la rectificación parcial de la resolución que aprobó la venta a su nombre.
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Concejal prepara denuncia por millonaria venta de terreno a joven en La Libertad
Esta había sido avalada por la mayoría del Concejo días atrás.
El concejal Bruno Dedé es uno de los que cuestionan la venta. Él mantiene serias interrogantes sobre el desarrollo del proceso de compraventa del amplio terreno que se buscaría para un proyecto de agroturismo y porque la compradora no tiene movimientos como empresaria.
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La joven, en un nuevo oficio que trascendió la tarde de este jueves, 8 de enero, confirma que desiste de la compra, pero solicita que la propiedad sea adjudicada directamente a la empresa que iba a financiar el proyecto.
Ella aduce en la carta que la compraventa fue una condición impuesta por una empresa interesada en financiar el proyecto, según la misiva divulgada por medios de la Península.
Según ella, en agosto del año pasado, desarrolló el “proyecto agroturístico y de reforestación del terreno que rodea a la represa Velasco Ibarra” y lo presentó a una empresa interesada con el fin de buscar un financiamiento.
“Posteriormente, luego de un análisis exhaustivo, la compañía condicionó mi proyecto a la obtención de la resolución de compraventa a mi nombre para poder financiar mi tan anhelado proyecto”, señaló en la carta que envió al Municipio.
Bruno Dedé dijo la noche de este jueves que, si el oficio fue presentado esta tarde, se requiere de un informe jurídico para luego ingresar al Concejo para tratar el asunto.
Días atrás, el concejal emitió una alerta a la UAFE sobre este caso.
El pasado 6 de enero, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) empezó de oficio una acción de vigilancia contra el Municipio de La Libertad por la emisión de actos administrativos “posiblemente contrarios al ordenamiento jurídico, relacionados con la presunta venta de un predio municipal”.
La entidad recordó que cualquier decisión administrativa debe anteponer el interés colectivo sobre el interés particular y observar estrictamente los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica. (I)