Investigan a abogados de Cuenca que ofrecen impugnar de manera ‘segura’ multas de tránsito casi al mismo tiempo que se notifica a infractores

Cuenca Cuando un conductor es sancionado por exceso de velocidad en las vías urbanas de la ciudad recibe dos notificaciones: una de la Empresa de Movilidad (EMOV) informando sobre la infracción y otra de abogados particulares que ofrecen impugnaciones seguras.El primer caso es normal, pero el segundo llama la atención a las autoridades y, por eso, se colocaron denuncias en la Fiscalía.La multa por sobrepasar los límites permitidos es de $ 120; y, en caso de que el conductor pague dentro de los 20 días a partir de la notificación, solo cancela la mitad, esto es, $ 60.Pero con la misma velocidad con la que el conductor pasó por el radar, algunos abogados de la ciudad envían correos electrónicos a los afectados con el siguiente asunto: “Impugne su multa de manera segura”.En el contenido del documento, el abogado remitente describe lo siguiente: “Me pongo a las órdenes a fin de ayudarles con la impugnación de la misma (multa) para que de esta manera no pague estos altos valores, ofreciendo un resultado garantizado en 24 horas”.A esto le acompaña una captura de pantalla donde consta el reporte de la EMOV en que se especifica el lugar, hora y todos los detalles de la infracción. Esta imagen es tomada de la página web ses-violations.com , según consta en la parte superior izquierda de la gráfica adjunta.Cuando el conductor pregunta al jurista de dónde sacó la información, la respuesta obtenida es esta: “Yo manejo una base de datos de placas que circulan en la ciudad de Cuenca. Mis colaboradores me ayudan verificando en el sistema de la EMOV, y yo me contacto con el cliente (…)”.Pero el insistente abogado no solo se remite a los correos electrónicos, sino también a mensajes de WhatsApp en donde repite de dónde saca la información y vuelve a ofrecer sus servicios “por la multita”.El gerente de la EMOV, Juan Aguirre, conoce estos casos y ya puso una denuncia en la Fiscalía del Azuay para que se investigue si existió alguna vulneración externa al sistema informático o si existe filtración desde el interior.Reconoció que los ciudadanos sí tienen acceso a alguna información oficial para que sea validada, pero desvirtuó que exista una base de datos abierta, y cuestionó cómo estos estudios jurídicos cruzan la información con la infracción. Por eso, todo ahora está en manos de la Fiscalía. (I)

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