Con quejas por la falta de atención estatal, pacientes renales pidieron apoyo internacional para continuar con sus tratamientos mediante un plan emergente.

Parte de su terapia incluye hacerse diálisis, que permite eliminar residuos, así como exceso de líquido en la sangre, debido a que los riñones no pueden hacerlo, pero también toman medicamentos.

Publicidad

Kevin Valdez, representante de un frente que los agrupa, señaló que si bien muchos reciben diálisis no es un tratamiento integral porque no pueden acceder a medicinas y tampoco hay acompañamiento psicológico.

Ricardo, paciente renal desde hace ocho años, contó que deben adquirir medicinas, inyecciones, vitaminas y hay muchas clínicas que, ante la falta de pago estatal, no ofrecen el tratamiento completo.

Publicidad

Alicia, quien desde 2021 se hace diálisis, expresó que estar conectados a una máquina durante cuatro horas no es por placer, sino doloroso y duro, por lo que su salud se va mermando, pero a pesar de ello, señaló que como pacientes renales quieren seguir viviendo.

En una rueda de prensa, este viernes, en la Federación Médica Ecuatoriana, plantearon apoyo técnico, financiero y humanitario de Naciones Unidas a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Gobierno de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mencionaron que organismos internacionales podrían activar fondos de contingencia no reembolsables o de bajo interés.

Pidieron además que haya inversión estatal en infraestructura para que puedan acceder a sus tratamientos de diálisis.

Mencionaron que han remitido cartas oficiales a la Presidencia de la República, Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Finanzas y Asamblea Nacional sin que hayan sido respondidas.

A nivel nacional unas 18.000 personas deben hacerse tratamientos de diálisis, del MSP son unas 12.000 y del IESS, el resto.

Para Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, miles de vidas están en juego.

Ese gremio médico y organizaciones de pacientes estiman que la deuda del Estado con clínicas dializadoras sería de alrededor de $ 300 millones. (I)