Más casos de matrimonios dudosos se investigan en las islas Galápagos. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos informó que, como resultado de procesos técnicos y administrativos, se procedió a la revocatoria de 45 residencias temporales en el cantón San Cristóbal al evidenciarse inconsistencias en la acreditación de vínculos conyugales o uniones de hecho reales y efectivas.
Esto se debe a que se realiza un seguimiento de parejas unidas por matrimonio o unión de hecho.
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Denuncias y el proceso de investigación
Una mujer oriunda de Napo sostuvo, en Teleamazonas, que entregó $ 13.000 a un residente que después se negó a firmar documentos matrimoniales e incluso la habría amenazado.
Carlos Ortega, ministro-presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, sostuvo que esa provincia tiene el carácter de régimen especial y es un patrimonio natural de la humanidad.
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Agregó que hay una ley especial para su conservación y el desarrollo de sus actividades, y dentro de esas particularidades tiene un control migratorio.
Desde noviembre de 2025, explicó, se han fortalecido las inspecciones, lo que implica dar seguimiento a varias denuncias de posibles matrimonios fraudulentos.
En redes sociales hay anuncios de ventas de residencias en Galápagos incluso con entrada y facilidad de pago.
El funcionario mencionó que activaron un canal de denuncias.
Ortega expresó que ha aumentado el número de denuncias y ya hay más de 140 bajo investigación. Puntualizó que las 45 revocatorias se aplicaron en San Cristóbal, pero posibles hechos similares se habrían dado en Isabela o Santa Cruz.
En el caso de las denuncias se realiza un seguimiento, se levanta la información y se verifican los datos presentados en las denuncias, a fin de evidenciar que efectivamente no se está cumpliendo el matrimonio o la unión de hecho.
“Hay gente que está en Galápagos y el conviviente está en otras partes del Ecuador o inclusive fuera del país”, dijo.
Revocatoria de residencias y sanciones
El funcionario sostuvo que no hay evidencia de la existencia de una red que esté lucrando de esas residencias temporales. Sin embargo, sostuvo que Galápagos, al ser un patrimonio natural de la humanidad y un régimen especial, así como existe mucho interés turístico por visitarla, también hay mucho interés de gente por quedarse a vivir.
Adujo que, por las condiciones geográficas y la actividad económica, el sueldo es mucho mayor que en el Ecuador continental.
Puntualizó que el proceso que hacen es administrativo, basado en la Ley Especial de Galápagos, de revocatoria, por el que automáticamente una persona queda en estado irregular y se procede a la expulsión o al retiro voluntario de la provincia.
Añadió que, cuando ya se termine todo el proceso administrativo, decidirán avanzar con la parte judicial; sin embargo, no se ha definido todavía, pues es un tema externo.
“Esto ha sido un secreto a voces y, por primera vez, se ha iniciado un proceso de revocatoria de residencias para este tipo de personas que se han identificado como matrimonios fraudulentos”, dijo Ortega.
Después del proceso hay una sanción y no pueden volver por un tiempo determinado a las islas.
La legislación establece que la autoridad de control migratorio tendrá la facultad de verificar durante el plazo de diez años (según el numeral 1 del artículo 41 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, Loreg) que la unión matrimonial o de hecho efectivamente subsiste, para lo cual realizará visitas aleatorias o programadas.
La sanción administrativa es la expulsión del infractor, que puede ser de seis meses, un año o dos años, tiempo en el cual no podrá volver.
Una sanción económica sería para el residente permanente, indicó Ortega. (I)