Desde la semana pasada el Consejo de la Judicatura (CJ) tendría en su poder los audios, videos y documentos que revelarían que en el proceso de recepción y el sorteo de la acción de medidas cautelares que interpuso, el 7 de julio último, el exalcalde de Quito Jorge Yunda hubo la falsificación de firma y el uso ilegal del código de unidad, usuario y contraseña de una funcionaria judicial que es parte de los seis suspendidos por el CJ.

Gabriela Beltrán es el nombre de la auxiliar de ventanilla de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, ubicada entre las calles Veintimilla y Juan León Mera, en el norte de Quito, quien asegura que no solo es la víctima de una “red delictiva” que falsificó su firma y tomó ilegalmente sus códigos institucionales para cometer un ilícito, sino que también ha sido afectada por una injusta suspensión sin sueldo.

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La servidora judicial de carrera que ha laborado en la Función Judicial solo en la Unidad de La Mariscal asegura que ella no ingresó la medida cautelar interpuesta por los abogados de Yunda a las 08:41 del miércoles 7 de julio último y aclara que jamás firmó el documento recibido y emitido en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, ubicada en el Complejo Judicial Norte, a cuatro o cinco kilómetros del lugar de trabajo de Beltrán.

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La razón, según Beltrán, es que ese no era su lugar de trabajo y las claves de ingreso al sistema que posee solo le sirven para la unidad a la que le designaron y en la que labora desde hace siete años.

Más allá de estos temas técnicos y administrativos, Ciro Guzmán, abogado de Beltrán, explica que también existen videos de seguridad de la Unidad Judicial de La Mariscal que confirman que a las 08:41 que se receptaba la acción de Yunda, su cliente estaba en su lugar de trabajo ingresando escritos y entregando información a un compañero.

Estos videos, más registros manuales y digitales de los trámites que recibió ese día Beltrán y la certificación de Héctor Viñachi, delegado del director provincial de Pichincha del CJ, que habla de que Beltrán, como oficinista auxiliar provincial en la Unidad Judicial de La Mariscal, laboró ese miércoles 7 de julio en cuestión de forma presencial entre las 08:00 y las 17:00, ya están en manos del CJ.

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Guzmán comentó que como parte de la defensa dentro de la investigación administrativa en el CJ, la cual durará 30 días, ya han comparecido presentando un informe con los sustentos documentales que ellos por sus propios medios han conseguido. Presume que aquí operó una red que trabaja en diversos niveles y que ha venido actuando desde hace algún tiempo en casos específicos.

“No es posible que una banda delincuencial que hay en el CJ, y me refiero en sus dependencias, no sé si una o varias, siga operando e involucrando a personas inocentes como Gabriela Beltrán, metiéndoles en el asunto para ellos cumplir sus propósitos totalmente corruptos y deshonestos”, agregó.

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El abogado refiere que el 8 de agosto próximo vence el plazo del proceso administrativo y luego de ello el CJ, a través de la unidad respectiva, deberá expedir un informe de procedencia en el que se defina si procede o no el sumario administrativo y contra cuál de los seis funcionarios suspendidos se aplica la medida. Guzmán cree que por sentido común su cliente debe quedar fuera de ese informe.

QUITO (20-07-2021).- El exalcalde de Quito Jorge Yunda Machado abandonó el edificio del Complejo Judicial Norte, donde se desarrolló la audiencia de revocatoria de medidas cautelares que él solicitó para evitar que se concrete la remoción del cargo. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

El 8 de julio pasado, el CJ inició procesos administrativos disciplinarios y dispuso la suspensión provisional sin remuneración por 90 días de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto; además del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, y de Beltrán y el secretario de la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal.

Los seis funcionarios, para la Judicatura, estaban relacionados con irregularidades detectadas en el sorteo de una acción de protección y las medidas cautelares presentadas por Yunda para evitar que la remoción del cargo de alcalde de Quito, decidida por la mayoría del Concejo Municipal, se concrete.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, descartó que las irregularidades observadas tengan que ver con una vulneración del sistema informático de sorteos. Para ella, las anomalías se habrían ejecutado en el ingreso de los datos en el sistema.

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Respecto a la posición de Maldonado, Guzmán tiene reparos. Según él, en este caso no es que solo se equivocaron ingresando la causa como pago de honorarios a abogados en vez de una medida cautelar constitucional, sino que también se vincula a una funcionaria que no trabaja en la unidad donde se emite el documento, se da la “equivocación” de usar una clave y una contraseña que no se pueden usar en esa unidad y el registro de la unidad judicial que corresponde a otro sitio.

Para Guzmán, la posibilidad de que esto haya ocurrido solo se dio si alguien de la matriz donde se maneja el sistema informático para sorteos dio la autorización. Quién dio esa autorización, quién le entregó el documento con la demanda al juez Carlos Soto, quién le entregó al secretario la demanda y le incluyó el acta con firma falsificadas, esas son preguntas fundamentales que deben contestarse en este proceso, sostiene el abogado de Beltrán.

Además, Guzmán critica un informe de transparencia que les habría entregado el CJ, el miércoles último, y en el que se consignarían una serie de informes de diversas dependencias que, a su decir, básicamente hacen lo más fácil: “¿Quiénes trabajan aquí? Juez, secretario y auxiliar de ventanilla, entonces los tres son los que están involucrados y punto, el caso ya está aclarado”.

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Luego de las denuncias colocadas y la información recabada en nueve allanamientos, parte de un acto urgente, a las oficinas y viviendas de los jueces Domínguez y Soto, así como también los lugares donde laboraban los otros cuatro funcionarios suspendidos, la Fiscalía mantiene abierta una investigación previa por el delito de asociación ilícita.

Es dentro de esa indagación que Guzmán pedirá que se tome inmediatamente la versión de Beltrán y de todos los compañeros de trabajo de su defendida que son los que deberían haber intervenido en el ingreso de esa causa. Según él, en este caso se han cometido delitos como robo de datos electrónicos, falsificación de firma y falsificación y uso de documento público falso, es decir, se forjó un acta y luego se usó esa acta para iniciar la acción presentada por Jorge Yunda.

Aunque no se conocen los nombres de quiénes actuaron ilegalmente en este caso, Beltrán y Guzmán por el momento piensan en colocar una denuncia contando los hechos. Ambos creen que las conclusiones del informe del proceso administrado podría ya dar luces de quién está detrás de este comportamiento delictivo que podría tener más afectados, pues este no sería el único caso que existiría.

Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no ha emitido oficialmente pronunciamiento alguno sobre lo denunciado por Gabriela Beltrán. (I)