Fiscalía insiste en que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, es un autor mediato del delito de peculado que se investiga y emite dictamen acusatorio en su contra

Al alcalde de Quito, Jorge Yunda, cada vez se le complica más el proceso que se le sigue, por presunto peculado, junto a tres funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Quito.Con la presentación del dictamen acusatorio de parte del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, contra los catorce procesados por el delito de peculado ocurrido en la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19, es como se reinstaló, la tarde de este lunes, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se realiza en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.Santillán arrancó su dictamen hablando de la calidad procesal de cada uno de los investigados. El primero en ser nombrado fue el actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, a quien la Fiscalía lo ubica como autor mediato; mientras que a Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del DMQ, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., como autores directos del delito de peculado.Según Fiscalía, existirían más de 80 elementos de convicción contra los catorce procesados en los que se fundamenta su acusación fiscal para decir que en este caso habrían existido irregularidades en el contrato de $ 4,2 millones suscrito por el Municipio de Quito y Salumed S. A. para adquirir 100.000 pruebas para detectar COVID-19.El fiscal Santillán recordó, como elemento de prueba, el contrato firmado en abril de 2020 entre Mantilla, como secretario de Salud del Municipio de Quito, y Vinelli, representante legal de la empresa Salumed. El objeto del contrato habría sido suministrar y entregar reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR-Polimerasa.Se habló también de los desembolsos hechos por la entidad municipal; el depósito del anticipo del pago del 70% del contrato que hizo, el 20 de abril de 2020, el Municipio de Quito por un valor de más de $ 2,6 millones a Salumed S. A.; la certificación de la partida presupuestaria por $ 4,2 millones para la compra de las pruebas; informe de evaluación al producto “Isopollo COVID-19 detection kit real time” del fabricante Monitor emitido por la Secretaría de Salud de México, el 19 de junio de 2020, en el que se señalaría “no se observó concordancia entre los valores de límite de detección y especificidad declaradas por el fabricante (no cumplía con el 99% de sensibilidad y especificidad)”...La teoría de la Fiscalía apunta a que Salumed no entregó pruebas PCR-Polimerasa sino pruebas Isopollo COVID-19 con tecnología RT Lamp, las cuales tendrían una diferencia respecto a la sensibilidad y la especialidad para detectar el virus.Ante ello, además de la autoría mediata y las dos autorías directas, Santillán señaló que en el caso existían once personas que adecuaron su comportamiento como coautores. Entre ellas, para el fiscal de Pichincha, están Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del DMQ; Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del DMQ; Daysi H., administradora del contrato; y Jéssica Cárdenas, analista de contratación.También Érick A., excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud; Marco R.; excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud; Simón V., responsable de laboratorio UMS-SS; Enrique B., director metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud - Comisión Técnica; Diego S., coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría de Salud; Iván M., responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud; y José M., responsable del estudio de mercado de la Secretaría de Salud.Al momento, el fiscal Santillán continúa nombrando de manera general para todos los procesados las pericias informáticas realizadas, informes del Inspi, informe con la terminación del contrato, informes de la Universidad De Las Américas respecto a la sensibilidad de las pruebas entregadas por la empresa contratada, pericias contables y financieras, entre otros elementos de convicción que presentó la Fiscalía, la tarde de este lunes, como anuncio de las pruebas testimoniales, documentales y periciales de las que hará uso en una eventual audiencia de juzgamiento.Al individualizar elementos, el fiscal señaló sobre el alcalde Yunda que él fue quien emitió la resolución de marzo de 2020 en la que decidió declarar el estado de emergencia debido al COVID-19, disponiendo que la Secretaría de Salud formule un plan de contingencia y designa a esa secretaría municipal para que conduzca las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procedimientos de contratación, “disponiendo que se le remita un informe mensual sobre las adjudicaciones realizadas producto de esta resolución”.“Mediante esta resolución impone al secretario de Salud, Lenín Mantilla, la obligación ineludible de comunicarle de manera permanente del proceso de contratación”, explicó Santillán , poco antes de anunciar el dictamen acusatorio contra el funcionario que lidera el cabildo quiteño en base a doce elementos de convicción.A decir de Santillán, los elementos de convicción recabados durante la investigación demostrarían que el alcalde Yunda tuvo conocimiento en todo momento del proceso de contratación y que preparó las condiciones esenciales para que Lenín Mantilla, como secretario de salud del DMQ, suscribiera un contrato con Salumed por $ 4,2 millones, al “eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para las entidades públicas, cuyo moto era de $ 2.9 millones. Al cierre de la primera parte de la diligencia, Juan Pablo Albán, abogado del alcalde Yunda, lamentó que el juez Jhaya no haya decidido atender los argumentos expuestos por tres de las defensas de los acusados sobre vicios que podrían haber comprometido la decisión de la causa en temas que calificó “tan delicados”, como la forma en la que se habría obtenido parte de la evidencia en los allanamientos o sobre el hecho de que se imputara a una persona a partir de información que se refería a otra.“Esperamos, creo yo, todas las defensas que en el marco de esta segunda parte de la audiencia el presidente de la Corte Provincial (Vladimir Jhaya) garantice el debido equilibrio y no se trate de simplemente una explicación mecánica por parte de la Fiscalía, con un esfuerzo importante de las defensas para refutar los argumentos, que luego caigan en saco vacío, porque en aras de meras formalidades simplemente se convoque a un juicio sin prestar atención a las defensas”, apuntó Albán.Entre tres y cuatro horas se espera que el fiscal Santillán demore en presentar los elementos con que cuenta para la acusación individual de los procesados en este caso. (I)

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