En Quito y Guayaquil, la mañana de este jueves, la Fiscalía con el apoyo de la Policía ha realizado 18 allanamientos simultáneos en lugares relacionados con chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y que tendrían conexión con el Municipio capitalino.

La acción es parte de una investigación previa que abrió la Fiscalía por la supuesta existencia de actos de corrupción. Desde la Fiscalía aún no se ha informado dentro de la investigación de qué delito se han realizado los allanamientos que en la capital al menos ha alcanzado a oficinas de la empresa Geinco Solution, de la empresa pública metropolitana para la Seguridad y Convivencia Pacífica (EMSeguridad) del Municipio de Quito, de la empresa Pública de Agua Potable (Epmaps), a una casa donde vivía Sebastián Yunda, entre otras oficinas privadas y viviendas.

La Fiscalía informó inicialmente que cinco personas han sido detenidas en los 18 allanamientos por su presunta relación con los hechos investigados: tres en Quito (Adrián H., Pamela N, y Christian Hernández, sobrino de Jorge Yunda) y dos en Guayaquil (el ciudadano chino Wang Y. y su esposa Nancy G.). Quienes fueron detenidos en el edificio Bellini, en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, permanecen en la Unidad de Criminalística de la zona para varias diligencias y en las próximas horas serán trasladados hasta la capital ecuatoriana.

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En el edificio Bellini, donde fue detenida la pareja, el fiscal Fernando Bonoso supervisó el decomiso de varios equipos tecnológicos del departamento que ocupaba el supuesto proveedor de las pruebas COVID-19, que según la Fiscalía, habrían sido adquiridas con sobreprecio.

Cerca de las 11:00 se indicó que Cinthya P., exjefa de despacho del alcalde Jorge Yunda, se convertía en la sexta detenida dentro de esta investigación que lleva la Fiscalía y en los allanamientos colaboraron agentes de unidades policiales especiales como el Grupo de Operaciones especiales (GOE), el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y del Departamento de Criminalística de Pichincha y Guayas.

Al momento dos de los cuatro detenidos en Quito: Adrián H., gerente de la EMSeguridad; y Christian H., quien asesoró a Yunda en el Municipio y sería su familiar, se encuentran en la Unidad de Flagrancia, al norte de la urbe, y estarían siendo revisados médicamente para luego rendir versiones sobre lo que conocen de los hechos investigados. En relación a Christian H. la Fiscalía tendría en su poder chats de este con Sebastián Yunda e información que lo relaciona con la compra de pruebas PCR para el Municipio.

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Aún no ha trascendido si todos o varios de los detenidos serán llevados a una audiencia de formulación de cargo para iniciares una instrucción fiscal o simplemente están retenidos con fines investigativos. De darse la audiencia, la misma tiene hasta la mañana del viernes 3 de septiembre para así no violentar las 24 horas en las que se puede detener a una persona sin formula de cargos.

Los allanamientos también llegaron a oficinas relacionadas con la empresa Geinco de propiedad de Gerardo Espinel y al domicilio de este último. Stalin Raza, abogado de Geinco y Espinel, explicó que en los allanamientos se revisó información sobre contratos mantenidos con la empresa municipal de agua potable. “Se han llevado el CPU de una computadora y nada más. No les parece que para nada más de eso no había necesidad ni de ingresar a las oficinas con un operativo policial y menos al domicilio del ingeniero Gerardo Espinel, donde además viven sus hijos”, apuntó Raza.

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El alcalde de Quito Jorge Yunda no se ha pronunciado aún sobre los allanamientos, las detenciones o respecto a la noticia de que información recuperada del teléfono celular de su hijo dio pie a los operativos de este jueves.

Fiscalía notifica a Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, con el inicio de una investigación previa por delincuencia organizada

Desde el 1 de abril pasado, sobre Sebastián Yunda pesa una investigación previa por el delito de delincuencia organizada. Mediante allanamientos e incautaciones, dentro de la investigación por peculado por la adquisición de pruebas PCR en la que ha sido llamado a juicio su padre, el alcalde Yunda, la Fiscalía descubrió información en un celular que aparentemente pertenecía a Sebastián Yunda y en el que existían conversaciones por mensaje de WhatsApp que revelarían el cometimiento de actos de corrupción, como negociados con obras municipales, ubicación de personas en cargos públicos, etcétera, dentro del Municipio de Quito.

Días antes del inicio de esta investigación previa, a finales de marzo pasado, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien está a cargo del caso por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 hechas por el Municipio de Quito, que involucra a catorce personas, remitió tres informes periciales a la fiscal general, Diana Salazar, “a fin de que en su calidad de máxima autoridad institucional” determine el inicio de las investigaciones correspondientes.

Quito, 2021/09/02. Personal de la Fiscalía revisó e incautó una serie de documentos en los allanamientos realizados en oficinas municipales y viviendas dentro de una investigación previa relacionada con supuestos actos de corrupción dados en el Municipio de Quito. Cortesía/El Universo. Foto: El Universo

Santillán explicó que de la revisión del informe pericial se desprenden conversaciones por texto (chats) que contienen hechos que ameritan ser investigados, pues, señaló, los mismos conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos. Las autoridades en ese momento presumían que “el dispositivo móvil que contenía dichas conversaciones pertenecería a Jorge Sebastián Yunda Yunda”.

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Para cuando el hijo del alcalde de Quito fue notificado del inicio de la investigación previa, él ya había salido del país y se desconoce su paradero.

El primer informe referido tendría relación con el teléfono que aparentemente pertenecería a Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito. En ese equipo celular se encontraron, según la pericia, detalles de conversaciones de índole judicial, se menciona información de contratos y proyectos de la ciudad de Quito con empresas nacionales y extranjeras, se determina el cambio de autoridades de instituciones del Municipio de Quito, se habla de solicitudes de dinero por parte de personas en instituciones que están dentro de la competencia del Municipio de Quito.

El segundo informe entregado es el realizado con base en la ampliación de un informe técnico pericial de audio, video y afines, donde se tomó como criterio de búsqueda la lista de nombres completos de los concejales, sus alternos, procuradores síndicos, asesores y demás cargos.

De esa ampliación se habría generado el informe del 12 de marzo pasado, del cual se extrajeron “conversaciones de texto (chats), los cuales contienen hechos que requieren ser sometidos a una investigación, pues estas conductas se subsumirían en un determinado tipo penal”.

Finalmente, el fiscal provincial Santillán le remitió a la fiscal general Salazar el contenido del informe técnico pericial de audio, video y afines, del 11 de febrero pasado, en el que se habrían ubicado conversaciones de texto (chats), “los cuales contienen hechos y circunstancias que requieren ser sometidos a una investigación, pues estas conductas serían de relevancia penal, presumiéndose su adecuación típica”.

Jorge Yunda no asiste a llamado a rendir versión hecho por la Fiscalía de Pichincha

La Epmaps mediante un comunicado señaló que ha brindado todas las facilidades a la Fiscalía para que realice las diligencias realizadas este jueves 2 de septiembre en las instalaciones de la empresa pública metropolitana. Aún así, se recordó que la Contraloría General del Estado ha realizado exámenes especiales a los contratos y no se habrían determinado responsabilidades “civiles, penales ni administrativas; y todas las observaciones y recomendaciones dictadas en esos procedimientos han sido aplicados de manera inmediata”.

Jorge Yunda también es investigado de forma previa ante la supuesta existencia de irregularidades en contratos de repavimentación en el Municipio de Quito. Además del alcalde, en esta misma causa se investiga la posible participación de otras seis personas, entre ellas, cuatro exgerentes de empresas públicas municipales y dos gerentes de las empresas privadas Geinco e Inmosolución.

El 15 de junio del 2020, el excandidato a la Alcaldía de Quito César Montúfar y el actual concejal Fernando Morales presentaron en la Fiscalía una denuncia por delitos como delincuencia organizada y peculado contra el alcalde Yunda, los entonces gerentes de las empresas públicas Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y gerentes de las empresas Inmosolución y Geinco.

En cuanto a los allanamientos, el concejal Morales dijo estar sorprendido por la tibieza y demora de la Fiscalía en el actuar respecto a esta denuncia que colocaron hace muchos meses atrás. Pidió a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y a los jueces que conozcan estos temas que actúen de manera inmediata.

“Entendemos que los allanamientos se desprenden de las denuncias que hemos presentado y de lo que se ha encontrado en los primeros allanamientos donde están unos chatas. En los chats se reflejan claramente los nombres los testaferros, los intermediarios, los beneficiarios de estos procesos, los montos. Estas son acciones que se han concretado y no es como ha dicho Jorge Yunda que aquí no ha pasado nada”, sostuvo la tarde de este jueves Morales en las afueras de la Unidad de Flagrancia, al norte de Quito.

Morales cree que la Fiscalía de manera inmediata debería ordenar prisión preventiva para el alcalde Yunda, pues, según él, podría existir el riesgo de fuga.

A las 18:16 la Fiscalía actualizó que, junto a la Policía, ejecutaron el último allanamiento como parte de las investigaciones, el cual se realizó en una oficina del edificio Renazzo Plaza, que está ubicado en la avenida De los Shyris y la calle Suecia, al norte de Quito. (I)