Casi a la misma hora en la que el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos rendía, la mañana del viernes último, su primera versión dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, él era notificado de una ampliación de versión que debía entregar en la investigación previa abierta en su contra ante un posible tráfico de influencias.