Fernando Bastias, miembro del CDH Guayaquil, sobre la eliminación de la tabla de drogas: “El hecho de que no haya sido efectiva no significa que haya que erradicarla, hay que reformarla”

Fernando Bastias, coordinador del departamento de Litigio Estratégico e Incidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), analiza la decisión del presidente Daniel Noboa de derogar la tabla de porte de estupefacientes y sustancias ilícitas, creada por el extinto Consep en 2013 y reformada en 2015 que se instauró durante el régimen de Rafael Correa.Bastias, quien es abogado y defensor de derechos humanos, afirma que esta es “solo una medida mediática” que debe ir acompañada de una política pública de prevención, actuación y rehabilitación en el país. ¿Cuál es su lectura de la derogatoria de la tabla de drogas que estaba vigente en el país? No tiene por qué haber una preocupación y no lo debe haber por dos cosas: el artículo 364 de la Constitución expresa un mandato concreto sobre la no criminalización del consumo y señala que el tema de la adicción y el consumo no es un problema para el derecho penal, sino para la salud pública y para combatirlo se necesita política pública.Lo segundo es la resolución de la Corte en el que se determina que la tabla no es una tabla de consumo, sino una tabla referencial para que la fuerza pública o la administración de justicia tenga ciertos criterios técnicos para diferenciar a un consumidor de un traficante.Eran la Policía y la Fiscalía los que tenían que demostrar a través de las investigaciones que esa persona estaba traficando. El problema que actualmente tenemos, inclusive con la vigencia de la tabla, es que primero la Policía igual detenía a cualquier persona que tenía en su poder una mínima cantidad.Ahí hay que señalar que ni el consumo ni la tenencia o posesión es un crimen; lo que es un crimen, lo que es un delito es el tráfico. Y para probar ese tráfico, es que la Fiscalía debía hacer las investigaciones, pero bajo esta lógica de la lucha contra la delincuencia y la lucha contra las drogas, toda persona que tenía en su posesión ya de por sí era un delincuente y se iniciaba el procedimiento.La Fiscalía lo que hacía era seguirle el juego a la policía y a los administradores de justicia a condenar a personas con probabilidades de que sean adictas, a que acudan a los centros penitenciarios sin recibir una rehabilitación con un enfoque de salud pública. Entonces, ¿no fue relevante la eliminación de la tabla? No es ninguna puerta a la lucha contra la inseguridad o el crimen organizado que ahora estamos viviendo. Tampoco debe ser una preocupación grave para colectivos y organizaciones porque la Constitución y la Corte Constitucional ya han sido claros en que la criminalización, la posesión, el consumo no es un delito y eso hay que hacerlo exigir.Sin embargo, tanto el Código Orgánico Integral Penal como el resto de resoluciones en la administración pública obligan al Ejecutivo a establecer un margen, un margen que no es vinculante sino que es referencial. Al no tener una tabla o un umbral, ¿se derivaría a que todo consumidor vaya a prisión? Para la lógica de la policía, todas las personas que tienen en su posesión droga tienen que ser dispuestas ante una autoridad competente para que se investigue y lo que siempre suele hacer la Fiscalía es pedir prisión preventiva.Entonces, sí, sí hay un rango de probabilidad de que la mayoría de personas que consuman o que estén en un contexto de adicción terminen a disposición de jueces y esos jueces los terminen enviando a prisión. Sin embargo, las organizaciones y los colectivos tenemos que tener en mente que tanto la Constitución como la Corte prohíbe eso.La presunción de inocencia es un derecho que tenemos todas y todos. Y si te encuentran a ti con posesión, la Fiscalía tiene que demostrar que usaste eso para traficar porque la posesión y el consumo no es un delito.Sin embargo, jueces confunden esto, ya que se está en la lógica de la lucha contra el narcotráfico y se cree que si meto a todas las personas que consumen o son adictas dentro de los centros de rehabilitación social, estoy apoyando esa lucha. Y es falso. ¿Hace falta capacitación para identificar perfiles? Tiene bastante que ver el tema de la capacidad de la policía para discernir todo esto. Es muy fácil decir: voy a detener a todas las personas que consumen drogas y por lo tanto detengo a todos los microtraficantes.Para identificar a los microtraficantes tiene que haber un ejercicio de inteligencia policial que no existe actualmente en el Ecuador y por eso es sumamente sencillo detener a las personas que poseen dosis de consumo personal.La tabla de tenencia permitida no evitaba que la policía detuviera a personas microtraficantes, y tampoco significaba que si superaba los límites de tenencia de la tabla ya era un micro traficante o traficante. Aquí tiene mucho peso la inteligencia policial y el labor de la fiscalía.Entonces, es falso que la tabla haya promovido la impunidad contra micro traficantes, la Policía siempre pudo detener potenciales microtraficantes, ahí la inteligencia policial falló. ¿Entonces va a ser necesaria la definición de umbrales o de una nueva tabla? Tiene que derivarse en la creación de otra porque así lo establece la norma. Esta tabla es referencial para las instituciones públicas, en el marco de su estructura, no es referencial para las personas consumidoras.Hacia la población tiene que haber otro tipo de oportunidades como acceso a información, acceso a rehabilitación, o inclusive, acceso también a consumo responsable, porque no toda la larga lista de sustancias sujetas a fiscalización por ejemplo, tiene que ver con el tema de la drogadicción.El hecho de que no haya sido efectiva no significa que haya que erradicarla, hay que reformarla, hay que buscar la forma de mejorar esa política pública. Sin esa definición de límites, ¿qué derivaría? Como no va a existir tabla, por ejemplo, la policía tendría libre albedrío para detener a todas las personas que tengan en su posesión así sea una mínima cantidad de droga porque no hay una tabla referencial para uso personal.Lo que debería pasar es que la policía sepa que, bueno, si esto es de consumo personal no puedo yo detenerlo y llevarlo ante la autoridad competente. Pero como sabemos que eso no va a pasar por supuesto estaríamos hablando de graves violaciones a derechos humanos. Dentro de lo legal, ¿qué se debería reforzar o implementar? Hay dos cosas sumamente graves en materia de lucha contra el crimen organizado con esta decisión, si es que se promueve la detención masiva de personas consumidoras. Lo primero es reconocer que los centros penitenciarios actualmente son centros de operaciones criminales.Si yo comienzo a ingresar a más personas dentro de las prisiones donde no tengo el control y donde hay problemas de adicción, agrando el ejército que tienen allí. Hay muchas personas que están en contra de su voluntad haciendo operaciones criminales dentro de las prisiones por lo que el Estado no tiene el control.A una persona con adicción, por ejemplo, las bandas les dan más droga para que se resistan menos. Con ello estoy incrementando el ejército que tienen las bandas criminales dentro de los centros carcelarios. Por otro lado, también, en cuanto a política criminal, si yo retiro a diez personas de un barrio y que son consumidoras, van a venir diez más.Hay que entender que el problema se soluciona a partir de la política pública, del enfoque de salud, no desde el derecho penal. ¿Considera que fue una decisión mediática? Una decisión mediática con dos dimensiones. Primero, promueve el discurso de la criminalización del consumo que quizás no sea así, pero que en el imaginario colectivo se lo considera de tal manera.Segundo porque se deja un vacío legal sobre el marco referencial a pesar de que la norma obliga a establecer uno.Es una medida mediática que promueve la criminalización del consumo y, por supuesto, crea un imaginario falso de la lucha contra la delincuencia. Es un error que si no se logra solucionar, se transformaría en una política pública que promueve y agrave violaciones a derechos humanos. ¿Y cómo se puede reformar? Repito, lo primero que hay que tener en claro es que la tabla es referencial para las instituciones públicas, no para la población. También no hay que concluir que la tabla agravó el problema dentro de la población porque no fue dirigida hacia ellos, entonces el diagnóstico tiene que ir por otro lado.Hay que entender que el crimen organizado se va a adaptar a cualquier política pública. Por eso es necesario que, constantemente, se evalúen las acciones que se ejecuten.No hay que ubicar a la tabla referencial como la única política pública que existe para prevenir la criminalización del consumo. Es importante tener en claro y mapear las falencias a la hora de proponer algo, tiene que ir acompañado de una institucionalidad fuerte.Una de las causales importantes que incrementó el tema, no solamente del consumo sino del microtráfico, es que no había un Estado capaz de ejecutar y evaluar su política pública para solucionar problemas. Queda en manos del Gobierno actual... El presidente Daniel Noboa tiene que entender que, si bien es cierto puede construir una política pública, tiene que ser capaz de diseñar las instituciones que puedan darle seguimiento a esto.Hay que evitar que más niños, niñas y adolescentes se hundan en esta problemática causada principalmente por la desaparición del Estado en sus vidas, en temas de salud, de educación, de vida digna. El incremento del crimen organizado dentro de los territorios los pone a expensas de ser víctimas del consumo y, posteriormente, también a involucrarse dentro del crimen organizado.El gobierno tendrá que establecer los límites de tenencia así no quiera. Es obligación del Ejecutivo establecer un umbral por mandato expreso de la Ley y la Constitución, que repito, es referencial. Quien tendrá el trabajo de combatir, la criminalización del consumo y también del microtráfico, será la fuerza pública y la administración de justicia. Estamos hablando de la creación de una nueva institución La política pública tiene que ir acompañada de instituciones especializadas porque no puedo solamente designar a un ministerio a ejecutar todo. La forma correcta es colocar a personas especializadas. Tendría que establecerse una nueva institución para que sea la articulación de pequeños departamentos que ya ministerios tienen. (I)

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