Pichincha, Azuay, El Oro, Tungurahua y Loja son las provincias en las que se concentró el 43% de las 1.251 solicitudes con peticiones de revisión judicial de medidas de protección administrativas presentadas a través del módulo virtual creado por el Consejo de la Judicatura (CJ) y que arrancó con un proyecto piloto en enero de 2020 en la Tenencia Política de Pomasqui, en el norte de Quito.