Que el Estado les otorgue la debida reparación integral es lo que buscan las familias de los reos asesinados en las masacres carcelarias desde el 2019 en Ecuador. Para esto presentaron en abril una demanda de acción de protección con medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano, para que se declare la vulneración de los derechos constitucionales de los familiares de las personas privadas de libertad (PPL) y se designe la reparación integral correspondiente por ley.
Pero en la audiencia instalada el pasado 12 de julio, las respuestas que obtuvieron las familias fueron “indignantes”. Así lo describió el abogado Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Guayas (CDH-GYE), en una entrevista con Radio City (89.3 FM en Guayaquil).
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“Primero trataban de evadir o eximir su responsabilidad como Estado, y segundo, trasladaban esa responsabilidad de las muertes a las familias, señalando que ellas promovían el sistema de corrupción que existía dentro de las cárceles”, dijo Bastias sobre el resultado de la audiencia.
El abogado explicó que este “sistema de corrupción” se trata de las extorsiones que las familias de los reos deben pagar “por la salud, por la alimentación, por la seguridad de sus familiares dentro de prisión”, algo a lo que la CDH-GYE se refiere como un contexto de violencia progresiva.
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Sin embargo, según Bastias, las familias “son víctimas también de un sistema de corrupción que el mismo Estado ha permitido que exista” y el Estado cataloga eso como “promover el sistema de corrupción”.
Las declaraciones de los funcionarios públicos en la audiencia estuvieron llenas de “insultos, calificaciones denigrantes, calumnias y de información falsa e impertinente”, menciona un comunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.
Durante la audiencia, el SNAI “señaló que ha emitido una serie de gestiones para poder nuevamente tener el control y la soberanía dentro de los centros penitenciarios”, pero el organismo de derechos humanos recalcó que los esfuerzos deben concentrarse en las cárceles más grandes, como las que existen en las provincias de Guayas y Azuay.
Y eso tampoco resuelve el tema de la reparación integral para las familias de los 600 reos asesinados en las masacres carcelarias. De acuerdo con el abogado, lo que se busca no es solamente recibir una indemnización económica, sino además disculpas públicas, atención psicológica, garantías de no repetición y becas de estudios hasta nivel universitario para cada menor de edad que haya quedado huérfano por consecuencia de las masacres.
Ese último punto apunta a cortar el ciclo de violencia en los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas colaterales de la crisis carcelaria: “Aún no sabemos cuál es el impacto que tiene un niño o niña por tener a su pariente dentro de prisión, pero aparte que le asesinen de manera violenta”, indicó Bastias.
Lo que solicita el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad, es que se otorgue la reparación integral correspondiente, de una manera ordenada y construida en un programa con enfoque de derechos humanos.
“Confiamos plenamente en que la oficina del juez constitucional, actualmente residido en la Unidad Judicial Florida Norte de Guayaquil, va a poder resolver conforme a derecho. No está en nuestros planes ir a una instancia internacional para que dure quince años porque eso no es justicia”, manifestó el abogado de CDH-GYE, pero afirmó que sí hay organismos internacionales que están pendientes de cómo avanza el caso y que ofrecerán respaldo si las familias no reciben la reparación integral que solicitan. (I)