Dirigentes de comunidad Salasaca recorrieron localidades para constatar presencia de extranjeros

Salasaca Los líderes del pueblo kichwa Salasaca, cantón Pelileo, realizaron recorridos para verificar si había extranjeros en condición irregular en las comunidades.Esto a raíz de las advertencias que realizaron para que extranjeros salgan de sus localidades. En las comunidades lanzaron estas advertencias por delitos que se han registrado y que se atribuyen a personas ajenas a Pelileo.La comunidad había dado de plazo hasta el 30 de noviembre para que los extranjeros que había en la parroquia salgan de manera voluntaria.Santos Moreta, gobernador del pueblo kichwa Salasaca, cantón Pelileo, dijo que tras la resolución los dirigentes recorrieron las comunidades y ya no encontraron alguna persona extranjera viviendo en el territorio.Contó que las pocas personas extranjeras que vivían en una comunidad habían terminado ellas mismas contratos de arrendamiento, es decir, salieron por la propia voluntad.“Para precautelar la seguridad y bienestar de la población, a las personas ajenas a la parroquia vamos a verificar los antecedentes penales y que todos los documentos tengan en regla. Si llegan a vivir o a trabajar, deberán decir en qué lugar”, manifestó el gobernador del pueblo Salasaca.Dijo que se va a trabajar con cada gobierno comunitario para verificar a qué llegan los extranjeros.Moreta se mostró contrario a la opinión de algunos sectores que cuestionan las resoluciones de Salasaca. “Nosotros no estamos restringiendo la movilidad de las personas ni tampoco violando algún derecho; lo que queremos es precautelar la seguridad de nuestra población, y no hemos cerrado las puertas a nacionales y extranjeros, sino que queremos prevenir para que no haya problemas en el pueblo”, dijo.Recordó que incluso hace algunos años a los chatarreros o a quienes llegan a realizar alguna actividad en el territorio se les advirtió que, si llegan a trabajar de manera honrada, son bienvenidos; pero si es para hacer daño, se les aplica la justicia indígena.María José López, abogada y concejal de Ambato, consideró que, si es analizada legalmente esta medida, podría tratarse de algo discriminatorio, porque no se puede desterrar a alguna persona de algún sitio.“Creo que hacen falta políticas públicas más fuertes en donde, apenas se evidencie un delito por parte de una persona extranjera, de manera automática deberá retornar a su país de origen. Pero hay que reconocer que no toda la gente que llega es delincuente, porque también hay quien viene a trabajar y aporta a la sociedad, e incluso se convierte en ciudadano ecuatoriano”, aseveró.López dijo que en las comunidades hay inquietud porque varios de los delitos que se cometen tienen relación con foráneos. “Sin duda alguna, la zozobra, el miedo que tiene la población por los altos índices delincuenciales, que, ojo, han sido más cometidos por ciudadanos extranjeros, hace que se tome este tipo de decisiones sobre todo en comunidades indígenas”, argumentó López. (I)

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