Descongelar cuentas bancarias: el pedido de deudores y garantes de créditos educativos durante plantón afuera de la Corte Constitucional

Daniela Ballesteros es una de las dos garantes de un crédito educativo que sacó su hermano para ir a estudiar un posgrado a España hace once años. Al retornar, él trabajó en un ministerio, pero luego salió.Por ese motivo cayó en mora. Dos años después de no haber pagado la deuda se hizo de $ 40.000.El préstamo fue de $ 45.000 más intereses llegó a $ 60.000, y pagó $ 40.000, entre 2013 y 2018.“Otra vez empieza como de cero, o sea no hemos pagado nada”, mencionó Ballesteros.Señaló que a los garantes les han congelado las cuentas desde diciembre del 2022.“Congelan las cuentas (bancarias) de todo, ahí están los salarios y no podemos recibir (...) estamos sin tener cómo pagar agua, luz (...) tenemos hijos menores de edad que están esperando comida, pasajes...”, cuestionó ella.Su hermano ha conseguido empleo y desea cancelar la deuda.Ballesteros explicó que plantean que haya lo que llamó un refinanciamiento razonable porque les están pidiendo una garantía hipotecaria de un bien que sobrepase los $ 50.000.“Si tuviéramos dinero, mi hermano no hubiese accedido a un crédito educativo”, añadió.Ballesteros sostuvo que han realizado gestiones en la Senescyt, en la Presidencia de la República, en la Asamblea, y no han recibido respuestas.Sara Alomoto sacó un crédito de $ 30.000 en 2015, para estudiar ingeniería civil en la Universidad Católica.Su graduación no fue inmediata con lo que no consiguió un empleo y el pago se complicó.En 2019 debía empezar a cancelar la deuda. Lo hizo con algunos ahorros, pero cayó en coactiva, contó.“Me congelaron las cuentas, ya empezaron con la persecución de los garantes”, indicó.Su deuda de $ 30.000 subió a $ 50.000.Tenía dos garantes que la apoyaban y ahora le piden que presente una garantía hipotecaria.Pidió que se retire ese requisito y que le permitan pagar de manera mensual.Tanto Ballesteros como Alomoto participaron en un plantón que hubo este miércoles, en los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en el norte de Quito, donde hubo gritos de “abajo, abajo, abajo las coactivas”.Carlos Jaramillo, presidente del Colectivo de Afectados por los Créditos Educativos, indicó que iban a presentar una demanda de inconstitucionalidad al Código Ingenios.“En teoría (la ley) era para facilitar los convenios de pago para los créditos educativos, cosa que no se está cumpliendo porque no hay facilidades de pago apegadas a la realidad”, expuso.Explicó que las garantías que se piden para las deudas no son flexibles, las cuotas no son analizadas sobre la realidad nacional.La normativa fue reformada en enero del 2022 y se buscaba que los deudores de créditos educativos tengan facilidades para cumplir con los pagos.Los deudores que se encontraban en procesos coactivos, y que estaban pendientes de resolución, podían acogerse a un régimen especial de facilidades de pago, y las medidas cautelares dictadas dentro de esas causas iban a quedar sin efecto.Según Jaramillo, unas 400 personas han firmado convenios de unas 7.000 con una deuda aproximada de $ 70 millones.Añadió que muchos de los que firmaron lo tuvieron que hacer por la presión que tenían los garantes.De manera paralela, se espera que desde la Presidencia de la República se emitan decretos ejecutivos para que se suspendan los procesos coactivos, que haya una condonación de intereses, multas, recargos y gastos administrativos.Además, que haya una reestructuración de las deudas, señaló Jaramillo. (I)

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