Derecho a la vivienda, al trabajo, justicia y mejor acceso a servicios, entre derechos que requieren más atención, según activistas

Reducir las desigualdades es el tema principal que promueve este año Naciones Unidas por el Día de los Derechos Humanos , que se recuerda cada 10 de diciembre en el mundo.En aquel día, un 10 de diciembre de 1948, representantes de todas las regiones reunidos en asamblea general elaboraron el documento (con 30 artículos) que declara los derechos fundamentales que deben protegerse y que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a asegurar .El de nacer libres e iguales en dignidad y derechos es el primero de los artículos. También están el derecho a la vida, a la libertad , a la seguridad de la persona , a formar una familia, a la igualdad ante la ley , a la propiedad, entre otros.Para activistas y defensores de derechos humanos, todos son vitales y, por lo general, están ligados unos con otros . Pero actualmente hay algunos que podrían pasar desapercibidos o que aún, por desconocimiento , se piensa que no son parte de los derechos humanos universales . Estos últimos se refieren más a los derechos a tener y acceder a servicios (como los básicos), a un trabajo y un nivel de vida adecuado que asegure sobre todo la alimentación, el vestuario, la vivienda , la asistencia médica , los servicios sociales necesarios y otros, como rezan los artículos 22, 23 y 25.César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y activista social de Guayaquil, cuenta que en el país y en la ciudad falta trabajar de manera especial en tres derechos fundamentales.El primero —cita— es el derecho al trabajo para todos , “de manera especial para los trabajadores autónomos”. El segundo es el derecho a tener vivienda y legalización de tierras . Y el tercero, el derecho a ser protegidos de toda forma de violencia , sobre todo a la población femenina, que sigue siendo afectada con una violencia extrema que termina en femicidios .Para él, también es importante el derecho de la población a exigir a las autoridades y políticos que sean honestos, transparentes y que cumplan con lo ofrecido en campaña política.Fernando Bastias, director de la Clínica Jurídica del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cuenta que los desalojos forzosos sin considerar estándares internacionales, como el avisar previamente e identificar si hay población de atención prioritaria en el sitio, así como la falta de una política que garantice el derecho a la vivienda con costos y requisitos accesibles, son parte de estas vulneraciones a los derechos universales.“Piden requisitos de ingresos de más de $ 400, cuando la gente aquí vive al día, no tiene ingresos mensuales”, cuenta Bastias, por citar ejemplos como los que ocurren en planes de vivienda considerados sociales y que son impulsados por las autoridades en algunas ciudades, como Guayaquil.Y justo por la llamada “vulneración a los derechos a la vivienda, a la seguridad jurídica y a las condiciones de vida digna”, este jueves 9, habitantes de Socio Vivienda 1 y 2 (planes que nacieron en el régimen de Rafael Correa) hicieron un plantón en los exteriores del Complejo Judicial Guayaquil Norte , en la Florida, norte de Guayaquil, para exponer su situación.Ahí exigieron la reparación integral a este derecho, que sería con la entrega de los títulos de propiedad de sus casas (que no los tienen) sin que se les cobre un “copago” , que —aseguran— no les fue notificado antes del “desalojo forzoso” y la reubicación que se hizo en sus casos, antes de llevarlos a este plan habitacional masivo del entonces gobierno de Correa. “No somos invasores, somos propietarios” , decía parte de los protestantes, quienes acudieron a la unidad judicial para colocar una acción de protección para que se agilite el trámite de la titularización de sus casas. Serían más de 3.000 los que aún esperan por aquel trámite .Gloria Guerrero y Pablo Vulgarín, dos de ellos, cuentan que como no tienen títulos de sus predios no pueden realizar adecuaciones y mejoras a las casas, que con el paso de los años han sufrido deterioro.Para Francisco Zambrano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), la principal falencia para garantizar los derechos humanos está en la administración de la justicia en el país .“Un ciudadano, por más que tenga derechos, viene la otra parte (el acusado o delincuente) y da dinero y esos derechos simplemente no son reconocidos (por administradores de justicia)… Y esa es la gran desconfianza del pueblo ecuatoriano en todos los niveles”, expone Zambrano.Y pone de ejemplos los hechos y denuncias de casos de sobreprecios y negociados , como las compras de medicinas en el tiempo más crítico de la pandemia del COVID-19 , que se hicieron en hospitales públicos y en los del IESS .“Hasta la presente fecha sigue la impunidad, no se ha recuperado el dinero que se han llevado y, por último, los jueces mandan a los ciudadanos involucrados en estos ilícitos a que cumplan prisión domiciliaria”, menciona Zambrano, quien agrega que si no hay justicia no hay derechos humanos.Activistas y organizaciones participarán este viernes en una marcha que saldrá desde el parque Centenario, a las 09:00. Luego, a las 15:00, en la Defensoría del Pueblo, en el centro de Guayaquil, habrá una sesión solemne, donde se entregarán reconocimientos a quienes han luchado por los derechos humanos junto a esta institución en los últimos 16 años.También, desde las 09:00 hasta las 14:00, habrá ferias informativas por los derechos de los migrantes y refugiados, en carpas que se instalarán en el parque Centenario y en la Plaza San Francisco.En los semáforos de esas intersecciones se verá también la campaña Guayaquil, ciudad de acogida.En la plaza San Francisco se pondrán, además, zapatos rojos y siluetas humanas en representación de las víctimas de femicidios y de las masacres carcelarias, según organizaciones que luchan por los derechos humanos.El jueves 9 hubo también una feria, apoyada por el Municipio de Guayaquil, en la que expuso los servicios que la población tiene para acceder y hacer valer sus derechos. Fue en el área conocida como Paseo de los Presidentes, en el malecón Simón Bolívar, a la altura de las calles Aguirre y Malecón. Participaron grupos como la Defensoría del Pueblo. (I)

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