¿Bajo qué condiciones debería entrar la fuerza pública a planteles? Especialistas analizan reforma que se plantea

Un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que permitiría el ingreso de la fuerza pública a escuelas y colegios cuando se susciten hechos violentos está en la mira del Gobierno. La portavoz del Palacio de Gobierno, Carolina Jaramillo, declaró en rueda de prensa, este lunes 30 de junio, que las disposiciones suscribirían un acuerdo en el Ministerio de Educación para actuar cuando haya sospecha de violencia, con el objetivo de erradicar los índices delincuenciales en unidades educativas. Milton Luna, exministro de Educación y miembro del Contrato Social por la Educación, apuntó que el debate conduce a una única solución de seguridad para el ámbito educativo, pero se pierden de vista otros puntos importantes.“Si no se piensa desde la integralidad, podemos quedar sujetos a sesgos que, finalmente, poco ayudan a la solución coyuntural a mediano o corto plazo, pero, de darse, deberán fijar los roles que cumplirán las fuerzas de seguridad”, señaló Luna. Sin embargo, exhortó al Gobierno y expuso varias soluciones para no agravar los inconvenientes y cuidar de la juventud desde la raíz. “Deben hacer efectivos los códigos de convivencia. ¿Qué significa esto? Desatar procesos de concienciación y compromiso de toda la comunidad educativa y la corresponsabilidad de los representantes de los alumnos”, sostuvo. La inclusión de otras carteras de Estado, Gobiernos autónomos descentralizados y municipios, bajo su perspectiva, es nula. Esto debido a que la visión se centra en colegios y escuelas, pero no en el barrio donde se ubican. “Los establecimientos académicos están en un territorio concreto, en comunidades rurales, periferias y demás. El papel de los municipios es clave, porque no solo se necesita pensar en la inseguridad de la institución, sino en el barrio donde se desarrollan hechos delincuenciales a toda hora”, manifestó Luna. Asimismo, fue enfático en cuestionar la forma de educar en estos tiempos, considerando que los valores, el pensamiento crítico, los deportes, las artes, la música y las ciencias sociales se han perdido con el tiempo. Para Milton Luna, esta es una brecha muy grande que abre espacio a la delincuencia en estudiantes. “Si solamente comenzamos a hablar de Policía y Fuerzas Armadas como intervención directa y vamos a un debate en el Parlamento para reformar leyes sin pensar en la integralidad, están distorsionando la forma de combatir la inseguridad en el país”, contó. Tras este anuncio, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, estuvo de acuerdo en que la actitud que ha tomado el Gobierno nacional, en torno a estos casos, es persecutoria, pero cree que es normal bajo una política de mano dura como la que se experimenta actualmente.“Necesitamos un plan que implique concientizar a los jóvenes frente al consumo de drogas y sobre los riesgos de trabajar para el crimen organizado. A esto debe añadirse un programa de protección a estudiantes y profesores para enfrentar de mejor manera las acciones del crimen organizado”, describió Pinto. Lo que el experto recomienda es utilizar la fuerza pública, pero desde un ámbito de inteligencia, para ubicar a quienes trabajan con organizaciones delictivas y tomar correctivos al momento. Por su parte, Milton Luna aceptó que en casos de extrema violencia deben estar presentes tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas. “No establezcamos que esto es una solución, porque no es ninguna solución, es una reacción que hace el Estado ante una situación que tiene otro tipo de causas”, concluyó. Los analistas fueron enfáticos en precisar que se debe atacar las causas y pensar más de una vez en las formas de cómo generar tranquilidad a todos los actores del ambiente académico a nivel nacional.Estas acciones que entrarían en debate, en la Asamblea Nacional, responden a una aplicación denominada Plan Nos Cuidamos. La brutal agresión de dos estudiantes femeninas, en los exteriores del parque Itchimbía, el pasado 24 de junio, acabó con la separación de la agresora y varias contusiones graves en la víctima. Por su parte, el 19 de junio, un estudiante de 14 años ingresó con un arma de fuego al salón de clases en el Colegio Central Técnico. Sus compañeros lo manipularon y soltó un disparo. Nadie salió herido, pero los padres de familia realizaron un plantón, en los exteriores del Ministerio de Educación, el 25 de junio, posterior a la detención de los implicados y el decomiso por tenencia ilegal de armas. En esta marcha intentaron que las autoridades tomen cartas en el asunto, debido a que bajo su perspectiva existen bandas delincuenciales que tratan de reclutar jóvenes. (I)

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