Contraloría determinó que fallas en inventarios por parte del IESS y MSP originaron desabastecimiento y perjuicio económico

La Contraloría General del Estado (CGE) determinó que la falencia en el control de inventarios por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) causó desabastecimiento y perjuicios económicos para el país. Este es el resultado de un tercer reporte de control público realizado para identificar irregularidades recurrentes en las adquisiciones de insumos médicos y medicamentos efectuadas entre 2013 y 2021 a nivel nacional.La mayor falencia que detectó este organismo de control fue la falta de mecanismos para el control y administración de inventarios en bodegas y farmacias, según un comunicado de la entidad. A esto atribuyen el desabastecimiento de hospitales, inconsistencia en los registros, desconocimiento de la cantidad de fármacos e insumos disponibles y falta de información sobre su uso y destino.La entidad ha realizado varias visitas en unidades médicas de Ecuador, evidenciando la falta de insumos o producto caducado en las bodegas. Tanto el vicepresidente Alfredo Borrero como la ministra Ximena Garzón han ofrecido tomar cartas en el asunto, mientras los pacientes y familiares continúan denunciando falta de insumos o cobros por estos.“Los funcionarios del IESS y del MSP no realizaron los trámites para el canje de productos caducados o próximos a caducar. Tampoco los almacenaron en espacios adecuados, que aseguren su conservación y vida útil, y no realizaron gestiones para recuperar préstamos a otras dependencias, por lo que los centros de salud y hospitales no contaron con los elementos para atender las necesidades de los pacientes”, dice el boletín.Además, sostiene que existieron errores en la selección de proveedores, no verificaron el cumplimiento de requisitos mínimos ni veracidad de documentación entregada en ofertas. Esto provocó la existencia de medicamentos sin certificaciones ni registros sanitarios avalados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).La tercera falencia más común que encontró la Contraloría fue el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de los proveedores del Estado. “Esto incluye retrasos en la ejecución de los contratos, aprobación injustificada de prórrogas, fármacos que incumplieron las especificaciones técnicas y contratistas que no entregaron todos los productos. En estos casos las instituciones públicas no aplicaron las multas establecidas en los contratos, afectando los recursos institucionales”, dice el texto.En total fueron 77 informes de auditoría que fueron aprobados entre 2018 y 2021 los que se analizaron por parte de la CGE. En estos se examinaron las adquisiciones y administración de insumos médicos y medicamentos entre 2013 y 2021. (I)

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