Ambato

En sesión extraordinaria del concejo cantonal de Píllaro, con el voto de cuatro concejales y uno en contra, se resolvió acoger el pedido de remoción del alcalde Francisco Yanchatipán.

El vicealcalde de Píllaro, Alberto Amores, manifestó que hace aproximadamente un mes se acogió una denuncia en contra del alcalde cantonal en torno a que la autoridad supuestamente habría adoptado resoluciones administrativas respecto a lotizaciones, en una de ellas sin que se haya pedido la compensación del área verde, es decir, que no se maneja con el mismo criterio a todas las resoluciones administrativas, violando las normativas, el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) y la ordenanza de Ordenamiento Territorial del cantón.

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Manifestó que como vicealcalde lo que hizo fue dar trámite correspondiente a la denuncia, que aseguró lo asumió con tristeza porque al llegar al cargo no pensó estar en esa situación. A ello, agregó que lo actuado se da con responsabilidad y de acuerdo al debido proceso, incluso dando al alcalde el derecho a la defensa.

Amores aseguró que, luego de darse el debido proceso en la sesión extraordinaria, el Concejo Cantonal decidió aceptar la denuncia del ciudadano y remover al alcalde en la reunión de este lunes 6.

Ahora se deberá esperar la defensa de la autoridad en tres días una vez que sea notificada la resolución del Concejo y luego se tendrá que esperar diez días para la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en donde se conocerá si continúa o no en funciones el funcionario.

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TCE determinó como improcedente segundo pedido de remoción en contra de alcalde de 24 de Mayo

Por su parte, Yanchatipán aseguró que por haber asistido a la reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el tema de seguridad, no tuvo conocimiento de las acciones del Concejo Cantonal.

A su vez, consideró que los concejales han dado paso a una ilegal e injusta denuncia con la que han votado por la remoción de su cargo.

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Añadió que la referida denuncia no tiene fundamento legal y sostuvo que jamás ha cometido abuso de autoridad, sino que ha exigido a los funcionarios que cumplan con sus obligaciones en forma debida.

Argumentó que no existe incumplimiento de la ordenanza de regulación y desarrollo territorial del cantón, como se alega por parte de los concejales, porque -según él- ese instrumento aprobado en el 2013 está desactualizado.

Para el funcionario, los concejales tampoco respetaron el debido proceso en la tramitación de la remoción. Por esa razón acudirá al TCE para que dictamine sobre las violaciones del derecho a la defensa y seguridad jurídica, ante lo cual -dijo- seguirá en funciones trabajando hasta cuando la autoridad competente resuelva en derecho. (I)