El proceso de adquisición de un lote de 93 hectáreas en el cantón La Libertad mantiene inquietudes en el cantón peninsular y podría derivar en una denuncia judicial.
La venta directa del predio municipal fue aprobada en el pleno del cuerpo edilicio el 18 de diciembre pasado. Hubo cuatro votos a favor y tres en contra.
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La operación inicialmente implicaba una transacción de $ 2,7 millones por parte de Jenny R., una joven de 24 años.
El terreno se ubica en el paso lateral que conduce de La Libertad a Salinas, cerca de la represa Velasco Ibarra, perteneciente a Salinas, y con amplias zonas aún en desarrollo.
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Es clave para trasladarse rápidamente en el ingreso de Santa Elena hacia Salinas, a escasos minutos de la playa de Punta Carnero, Paseo Shopping La Península e incluso el aeropuerto General Ulpiano Páez.
A los costados de la ruta, inaugurada a fines de 2024, no hay proyectos inmobiliarios constituidos, y en tramos un poco distantes de la vía hay algunos asentamientos y también piscinas de sal.
El concejal Bruno Dedé mantiene serias interrogantes por el desarrollo del proceso de compraventa del amplio terreno que se buscaría para un proyecto de agroturismo.
Desde octubre anterior, él emitió una primera alerta para llamar la atención de las aparentes irregularidades. En ese entonces, se aprobó el valor de la tierra, mediante ordenanza, de $ 2,94 por cada metro cuadrado (m²) mientras terrenos cercanos tienen un valor de casi $9 el m².
“¿Por qué $ 2,94 precio Jenny, y por qué para la carretera y del otro lado de la vía, las manzanas ya habitadas tienen el valor de casi $ 9?“, cuestionó el concejal Dedé.
Durante una sesión de Concejo, el alcalde Francisco Tamariz defendió su postura de vender cada metro cuadrado en $ 2,94 y mostró una hoja en la que comparó el valor de Salinas en $ 0,007 y la zona rural de Santa Elena en $ 0,009.
Dedé indicó que también genera dudas la agilidad del trámite, con informes que estuvieron listos en pocos meses.
Él dijo que le llamó la atención que años atrás se habían negado permisos a otras personas que buscaron usar esas tierras con fines de agricultura y ahora se dio paso a su uso para fines de agroturismo.
Sobre la compradora del predio, el edil también levantó interrogantes de que una persona joven requiera un lote de gran tamaño y además bajo una millonaria inversión.
Dedé expresó que la transacción no tiene sustento económico claro. Sostuvo que la joven no tiene un RUC activo, no integra el régimen RIMPE ni actividad económica que sustente el pago millonario. Ella registra un título universitario en Ciencias de la Educación Básica, del 2025.
“Esto genera cuestionamientos del origen del dinero, de dónde provienen los recursos de esta transacción", expuso el edil.
En días recientes, el concejal Dedé levantó una nueva alerta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por la presunta operación inusual en esta venta. Él pidió claridad y transparencia en esta operación que fue avalada en el Concejo municipal.
El concejal recordó que el alcalde defendió que esta compra representaría la "inversión más grande al cantón La Libertad“.
En noviembre pasado, el edil también recordó que había pedido conocer a detalle la procedencia de los fondos para esta adquisición, se ofreció que la compradora acudiría a la sesión de Concejo cuando se aprobó el proyecto, pero no se presentó. Pese a ello, se aprobó la compraventa.
“Ahora a estas alturas ya es un tema que no tendrá que responder al concejal Bruno Dedé, que se lo pidió en sesión de Concejo y por escrito, ahora tendrá que responder a todo un país“, enfatizó el concejal Dedé.
Edil prepara denuncia por caso Jenny R.
El edil adelantó que se alista una denuncia para que la Fiscalía indague los valores distintos de terrenos situados en la misma zona.
“Deben responder, deben justificar cómo logran llegar al valor de $ 2,94 para las 93 hectáreas versus los $ 9 en las manzanas cercanas”, expuso el edil.
Dijo que la Fiscalía deberá establecer quién es el responsable de la variación de valor en terrenos de esa misma zona en comparación con el predio relacionado a la venta a la joven.
La noche del miércoles 7, Dedé expuso que en un medio digital local presentó una información de que finalmente no se habría generado ninguna venta. Por ello, aclaró que hay un error en esa aseveración. Explicó que en el momento que la peticionaria presenta una solicitud no hay venta, pero cuando la mayoría de concejales deciden aprobar el trámite de compraventa ya se procedió a dar paso al proceso.
“El Concejo Cantonal ya expresó su voluntad, a través de una resolución, de otorgarle la venta a la persona que solicitó. Que ella no ha hecho el desembolso por todos estos cuestionamientos eso es otra cosa, pero el Municipio ya aprobó la venta, la constancia es la resolución emanada del acto administrativo que sale de la sesión de Concejo”, enfatizó.
Un día después, la tarde del jueves 8, la joven compradora informó que desistió de la compra y pidió la rectificación parcial de la resolución que aprobó la venta a su nombre. Al mismo tiempo, solicitó que la propiedad sea adjudicada directamente a una empresa que iba a financiar el proyecto.
De ser el caso de que la compradora haya participado en el pedido de compra y busque revertir la misma, el edil Dedé explicó que podría presentar documentación para pedir que se dé de baja la resolución del Concejo, y para ello se deberá volver a debatir en Concejo, a base de un informe jurídico.
Detalles que generan dudas
En días pasados, el alcalde Francisco Tamariz se refirió al tema con el periodista Andrés López. Defendió la legalidad del proceso y enfatizó los límites de sus atribuciones como autoridad local. Enfatizó que el proyecto traería progreso al cantón, con una importante inversión y ante la falta de exposición pública de la compradora, manifestó que no actuaba como vocero de terceros.
Sobre si él se reunió con la compradora, Tamariz reconoció que en su momento “tuvo un diálogo” con ella cuando se manifestó el deseo de participar del proyecto.
Esta semana, una versión de la compradora se difundió en un medio de comunicación. Ella adujo que su nombre habría sido suplantado. que sus documentos habían sido supuestamente robados y que lo denunció. Dijo no estar vinculada con la transacción.
Ello, según el edil, genera más sospechas sobre la transparencia del proceso, más aún ya que no habría denuncia del robo de los documentos en informes de Fiscalía y que recién lo informe cuando el caso lleva semanas.
El edil dijo que esta situación es aún más grave, y consideró que la Fiscalía podría actuar de oficio.
“¿Con quién se reunió el señor alcalde, quién vino a conversar con él, quién presentó la solicitud, a quién la institución le presentó la solicitud, a quién la institución le entregó el certificado de no ser deudor? ¿Hubo una tercera persona tramitando esto? Son muchas las interrogantes", agregó el edil.
Dado los señalamientos de las partes, él dijo que debería convocar a la joven y al alcalde para saber quién finalmente está detrás de la compraventa.
En la carta de desistimiento de la joven, remitida el 8 de enero, en cambio, la joven corroboró que tuvo una entrevista con el alcalde.
Dedé dijo que el tema genera aún más dudas sobre lo dicho por la joven sobre una suplantación de firma y que ahora en el oficio se reconoce que sí mantuvo una reunión con el alcalde. “¿Quién mismo presenta el oficio, la peticionaria, la que trabaja en la cafetería o la persona que la está suplantando?”, cuestionó.
Alcaldía alista pronunciamiento
La mañana del jueves, 8 de enero, este Diario buscó la versión del alcalde por intermedio del departamento de Comunicación, y en el mismo despacho de la autoridad.
Allí se indicó que la asistente estaba ocupada en una reunión de Zoom y una coordinadora expuso que el alcalde estaba reagendando sus actividades y en próximos días se esperaba poder concedir una entrevista o convocar a una rueda de prensa para tratar el tema.
A una cuadra de la Alcaldía se ubica una cafetería, donde laboraría Jenny R.
Una empleada dijo que “no estaba autorizada” para dar detalles si ella seguía o no trabajando en el sitio.
Proceso abierto por la SOT
Este 6 de enero, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) inició de oficio una acción de vigilancia al Municipio de La Libertad por la emisión de actos administrativos “posiblemente contrarios al ordenamiento jurídico, relacionados con la presunta venta de un predio municipal”.
La entidad recordó que cualquier decisión administrativa debe anteponer el interés colectivo sobre el interés particular y observar estrictamente los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica. (I)