Juez detenido en el aeropuerto de Guayaquil, que intentaba salir del país, recibió prisión preventiva y es procesado por el caso Purga

El juez José Daniel P. recibió prisión preventiva al ser vinculado al caso Purga, por presunta participación del delito de delincuencia organizada en la Función Judicial del Guayas. La decisión se tomó la tarde del miércoles 5 de junio, por el juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia. La fiscal general, Diana Salazar, había enviado un escrito para la vinculación de trece personas. La audiencia se realizó el martes pasado, pero fue suspendida. Finalmente se reinstaló el miércoles con presencia de Wilson Toainga, fiscal general subrogante, quien presentó 140 elementos de convicción. José Daniel P. fue detenido el pasado 2 de junio en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, mientras intentaba salir del país, con destino a Nueva York, Estados Unidos. De inmediato la Policía realizó su aprehensión y fue trasladado en helicóptero hasta la fiscalía, en el centro norte de Quito. También se dictó prisión preventiva para la exdirectora de la Judicatura de Guayas Mercedes Leonor V., quien está acusada en calidad de autora y de quien se desconoce su paradero. Se emitió una alerta de difusión roja para su localización y captura. En total son ocho personas que recibieron prisión preventiva y cinco medidas alternativas. Los restantes con prisión preventiva son: Para los demás procesados que se dictó prohibición de salida del país y presentación periódica son:Los cuatro hechos principales en los que la Fiscalía basa el caso Purga tienen que ver con préstamos del Banco del Pacífico a Pablo Muentes y su esposa, por el que salieron beneficiados con $ 3,9 millones; apropiación ilegítima de tierras, por la adquisición irregular de un terreno por $ 200.000; un caso judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército por $ 30 millones; pago de $ 1.485 para el cambio de piso de la Corte de Justicia de Guayas; y el traslado de Adolfo Macías, alias Fito , desde la cárcel regional de Guayaquil hacia La Roca. Con los últimos procesados, este caso tiene 25 personas que son investigadas y la instrucción fiscal aumentó a 120 días. (I)

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