Brigadas médicas que recorran los barrios del país e identifiquen a las personas con adicciones es una de las acciones que plantean expertos en salud mental para que los ministerios de Salud y del Interior cumplan la disposición presidencial de crear programas de información, prevención y control del consumo de drogas.
Este mandato fue ordenado en el decreto ejecutivo que deroga la tabla de porte de estupefacientes y sustancias ilícitas, creada por el extinto Consep en 2013 y reformada en 2015 durante el régimen de Rafael Correa.
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“Ya no solamente hay que buscar pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, o cuando existan amenazas de alguna epidemia, como dengue, chikungunya o COVID-19—; también se debe hacer el pesquisaje en territorio, de niños y jóvenes inmersos en esta problemática”, propone Carlos Salvador, exdirector de Salud del Municipio de Guayaquil y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ecotec, quien considera que la cuestionada tabla habría influido en la afectación de al menos dos generaciones de jóvenes.
Salvador cree también que en esta lucha debe intervenir todo el Estado. “No debe estar enfocado en dos ministerios, sino que debe tratarse a nivel de Estado. Todos los componentes sociales, educativos, tienen que intervenir”, dice el especialista, y añade que también se requiere la ayuda de la sociedad y de la familia: “Todo empieza desde la casa y, después, desde la escuela y el colegio. Las campañas de prevención deben estar enfocadas a todo el ambiente del niño y joven”.
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¿En qué consiste la tabla de consumo de drogas que ordenó derogar el presidente Daniel Noboa?
Wilson Tenorio, presidente de la Federación de Médicos del Ecuador, coincide en la importancia de la visitas médicas a todos los sectores del país, aunque reconoce que con el actual personal de psicólogos del MSP no se cubriría la mayor parte de la población: “En estos 18 meses aspiramos a ir complementando poco a poco el talento humano y la asignación de recursos”.
Mientras que el psiquiatra Fernando Valarezo, jefe del servicio de salud mental del Hospital Militar de Guayaquil y director general del Hospital de Salud Mental (HSM), considera que se deben crear alianzas estratégicas entre el MSP, los ministerios del Interior y de Educación, instituciones privadas y semiprivadas, organizaciones sociales y el sector empresarial para estructurar un plan nacional que incluya prevención, desintoxicación y tratamiento.
“Una vez que se tenga el diagnóstico y se dé el abordaje (...), se debe generar que la empresa privada dé oportunidad a pacientes que están en recuperación para que puedan hacer trabajos que ellos se sientan bien; se necesita que las familias se integren con el paciente y se requiere que los institutos de estudios de secundaria y universitaria presten la atención y colaboren”, refiere Valarezo, quien en su clínica privada tiene actualmente internados a 50 pacientes, 40 de ellos con adicciones.
A esto, el catedrático Carlos Salvador apunta que, cuando el chico ya está inmerso en las drogas, hay que actuar enseguida. “A esa persona hay que desintoxicarla, tratar de recuperarla y reinsertarla a la sociedad”, dice, y agrega que hay una deficiencia de camas para este tipo de pacientes, porque el tratamiento no es a corto plazo.
“Esta es una enfermedad que tiene que hacerse un tratamiento psicoterapéutico largo; tiene una etapa de internamiento que no puede durar menos de seis meses. Se necesitan médicos psiquiatras, psicólogos especializados en adicciones, psicólogos especialistas en manejo de terapia familiar; se necesita un trabajador social que funcione de enlace con otras instituciones, como Ministerio del Trabajo y empresas privadas para implementar estrategias y mecanismos de reinserción laboral”, sostiene Valarezo.
También, añade el especialista, se requiere un acompañamiento de al menos seis meses más en la fase posalta, para ser monitorizados por el equipo profesional con el objeto de prevenir recaídas.
Este Diario solicitó una entrevista con Franklin Encalada, ministro de Salud, y con la titular del Ministerio del Interior, Mónica Palencia, el sábado 25 de noviembre, para abordar las iniciativas que implementarán para cumplir la disposición presidencial, pero hasta el cierre de este tema no fueron atendidas estas solicitudes.
Juan Zapata, ministro del Interior hasta hace unos pocos días, prefirió no dar declaraciones por el momento e indicó que hay que esperar a conocer en qué consiste la resolución del mandatario.
Asimismo, la viceministra Sandra Molina, aún en el cargo, tampoco aceptó una entrevista con este Diario hasta que las autoridades definan a los voceros de la institución, que destruye la droga incautada e invita a las entidades públicas a solicitar la donación de insumos, precursores y sustancias químicas decomisadas en los operativos antidrogas.
En el caso del MSP, el ministro Encalada compartió la decisión del presidente Daniel Noboa en su cuenta de X (antes Twitter) y se refirió a este tema el domingo 26, al salir de Carondelet, al asegurar que la estrategia “está armada” para trabajar con las personas que tienen el problema de consumo y, así, “no tenerlos como que sean unos potenciales delincuentes, como se quiere aparentar”.
El funcionario añadió, también, que el lunes 27 mantendrá una reunión con el consejo para dar un posicionamiento oficial, que tendrá a la prevención como prioridad: “Estamos implementando pasar del estado curativo al estado preventivo”. En tanto, especialistas sugieren ampliar la cobertura de salud mental en centros y hospitales públicos, que actualmente se considera “deficiente”, a criterio del representante de los médicos, Wilson Tenorio, por la falta de camas y especialistas para el abordaje de las adicciones.
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“Hay que robustecer el programa de salud mental. Hay déficit de psicólogos y psiquiatras en el ministerio para atender a esta amplia población de jóvenes que necesitan un tratamiento específico (...). Se requieren regulaciones, asignaciones de recursos, personal que continúe con los tratamientos, con charlas comunitarias y empoderamiento con la comunidad”.
Además, Tenorio plantea un sistema de dotación de medicamentos para tratar a estos pacientes, a los que algunos médicos les administraban “solo paracetamol” para soportar la abstinencia, según cuestiona la especialista Julieta Sagñay en su cuenta de X, el sábado 25. “La negligencia médica colaboró en la cronificación de esta enfermedad”, dice la experta en adicciones, quien lamenta que en ocho años en la universidad y en un posgrado nunca se les enseña a los médicos sobre neuroadición.”Por eso se ha cometido tanta negligencia prescribiendo analgésicos comunes para tratar supresión de opioides”, explica.
En prevención, los especialistas sugieren trabajar en las escuelas, hacer equipos de trabajo y formar líderes en cada curso con el objeto de que —recomienda Valarezo— estén alertas y atentos a su grupo y puedan mantener a los chicos fuera del alcance de las drogas. Asimismo, esperan que se refuerce la presencia policial y militar en las calles y puntos críticos de comercialización de estas sustancias para controlar el consumo y recuperar los espacios públicos. (I)