El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, instaló este martes la Asamblea de Quito n.º 17, la primera de su administración en la que, entre otros puntos, se aprobó que se redacte una resolución para exigir al Gobierno nacional que pague una deuda de $ 359 millones que mantiene con la ciudad.
En la reunión se indicó que dentro de los presupuestos participativos se priorizarán obras de desarrollo comunitario y no vialidad, infraestructura, agua potable, alcantarillado, pues estos rubros deben ser cubiertos por las empresas metropolitanas. En el 2023 se ejecutan 527 obras por medio de presupuestos participativos, se detalló.
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El presupuesto prorrogado del 2023 asciende a $ 819 millones, de los cuales el 36 % ya fue comprometido, mientras que el 65 % restante es un monto libre para hacer cambios.
Se dijo que algunos programas deben continuar, como el caso de los presupuestos a las unidades educativas, comunicación, inclusión social, territorio, vivienda y comercio. Para el Metro Quito se requieren cancelar contratos por $ 145 millones, se aumentan $ 18 millones para operación y $ 6 millones en mantenimiento.
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Muñoz hizo una presentación de la visión de la ciudad referido a cinco ejes: seguridad, hábitat y convivencia ciudadana; trabajo, producción, emprendimiento e innovación; social; movilidad y Quito intercultural.
Ahí se destacan la creación de utopías (centros de desarrollo comunitario), regularización masiva de barrios, la décima administración zonal en el Chocó Andino; construcción del complejo ambiental para tratamiento de residuos, operación del metro y temas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.
Además, la Asamblea designó a Diego Cataña, Nelly Jarrín y Darío Iza como representantes ante el Consejo Metropolitano de Planificación. (I)