IPIALES
Al encuentro binacional convocado por la Cámara de Comercio de Ipiales, en el que se analizó la situación de la frontera tras la imposición de aranceles del 50 % a las importaciones cpen Ecuador y Colombia, asistieron el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el alcalde de Ipiales, Armando Rosero.
Publicidad
Los delegados ecuatorianos que participaron del encuentro insistieron en que el único pedido que están haciendo a los mandatarios de ambos países es que se revoquen las tasas arancelarias, que, según aseguran, los tiene inactivos por más de un mes, generando serios estragos en sus economías.
Transportistas, comerciantes y empresarios de las dos naciones coincidieron en que no se debe mezclar el tema de seguridad con el comercial y exhortaron a los presidentes a dejar de lado cualquier sesgo ideológico en un problema que está matando económicamente a la frontera.
Publicidad
Consecuencias para el empleo y el comercio
René Verdugo, gerente de una empresa de logística, transporte y comercio de Ipiales, anunció que la tensa situación podría dejar a 40.000 personas sin trabajo en estas actividades, en Nariño y Putumayo en Colombia, y Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos en Ecuador.
Productores de banano, arroz, mariscos, entre otros, originarios de Ecuador, indicaron que están desesperados porque Colombia no dejan ingresar estos rubros perecibles, que se producen en la costa ecuatoriana y que, con el paso de los días, se están dañando.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, reiteró que la imposición arancelaria afecta de manera directa a las regiones fronterizas y sostuvo que el diálogo entre territorios ha sido posible, por lo que hizo un llamado a Quito y Bogotá para que actúen en el mismo sentido.
Señaló que las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano responden a decisiones de carácter político que alteran la dinámica comercial entre ambos países, y destacó la disposición del presidente Gustavo Petro para buscar espacios de concertación que permitan resolver las causas expuestas por Ecuador.
Propuestas para la resolución del conflicto
El gobernador (prefecto) de Nariño propuso dos alternativas: la institucional, que contempla la conformación de una comisión binacional con participación de autoridades y representantes empresariales locales para gestionar soluciones de corto plazo ante el alto gobierno; y la de la movilización ciudadana en caso de persistir la situación.
Las autoridades regionales del vecino país advirtieron que los efectos ya comienzan a sentirse con mayor impacto en Ipiales y Tulcán, donde el comercio internacional no supera el 10 %, y la actividad del transporte de carga y el movimiento de divisas están seriamente golpeados.
Desde la Gobernación de Nariño se informó que la crisis o guerra comercial no solo está afectando a toda la dinámica económica y social de la frontera, sino también a los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y a Bogotá. Todos los asistentes coincidieron en que la salida es diplomática y la decisión de los presidentes Noboa y Petro.
Jaime Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, enfatizó que las afectaciones derivadas de la tasa de seguridad aplicada por Ecuador y el arancel impuesto por Colombia están agravando la economía en Carchi y en el departamento de Nariño. El directivo está convocando a una rueda de prensa en la tarde, en la que se harán nuevos anuncios sobre este tema. (I)