Este martes, 28 de abril, se ejecutaron allanamientos en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Guayas, Azuay y Santa Elena como parte de una intervención liderada por el Ejecutivo junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.
El funcionario explicó que la operación se inició en estas tres provincias, aunque no se descarta su ampliación a otras zonas del país.
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“Hemos hecho allanamientos en tres provincias hasta este momento; esto no significa que no vamos a entrar a otras dependencias más”, indicó.
Perjuicio económico por manipulación de facturación
Reimberg detalló que la investigación se centra en una estructura que manipulaba procesos de facturación dentro de la empresa eléctrica mediante refacturación, emisión de notas de crédito y eliminación de deudas, lo que habría generado un perjuicio económico superior a $ 200 millones.
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Detenciones y el delito de peculado
En cuanto a los resultados iniciales, informó que alrededor de 50 personas serán retenidas para rendir versiones dentro de este proceso investigativo, las cuales pertenecen a distintas provincias y áreas de la empresa.
“Van a ser retenidas mientras dure este proceso hasta obtener más información”, señaló.
El ministro sostuvo que el delito principal que se investiga es peculado, aunque no descartó que se configuren otras infracciones penales conforme avance el análisis de la información recabada.
Añadió que la operación continuará en los próximos días.
Durante la intervención, equipos especializados de la Policía y peritos ingresaron a distintas áreas administrativas y técnicas de la empresa, donde se realizan levantamientos de información en sistemas informáticos, archivos físicos y registros de facturación, con el objetivo de determinar la magnitud de las presuntas irregularidades y establecer responsabilidades dentro de la estructura investigada.
En total, se movilizan entre 200 y 300 agentes en los distintos puntos intervenidos, mientras se mantiene resguardo en las instalaciones para garantizar la continuidad de las pericias y evitar alteración de evidencia.
Indicios de patrimonio irregular y expansión de la investigación
Reimberg también mencionó indicios relacionados con el perfil de algunos involucrados dentro de la empresa. “Hay ciudadanos que trabajan en algunas dependencias que ganan sueldos mínimos, pues tienen patrimonio superior a los $ 3 millones”, manifestó al precisar que estas verificaciones forman parte del análisis en curso.
Además, indicó el nivel dentro de la estructura en el que se ubicarían parte de los investigados. “Están en los niveles inferiores”, expresó al referirse a funcionarios que formarían parte de este proceso en distintas áreas operativas.
Las autoridades indicaron que este proceso investigativo no se limita a las provincias intervenidas en esta fase inicial y que se prevé su expansión a nivel nacional conforme se gestione la información recopilada.
El operativo se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles sobre hallazgos y posibles acciones judiciales derivadas de estas diligencias. (I)