En Manta continúa el debate por una nueva tasa que se debe pagar por cada vehículo que sea descargado por el puerto y circule por la ciudad.

La Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta-EP, intervenida por la Policía desde mediados del año pasado, anunció el cobro de la tasa diaria de $ 5,25 por unidad por día.

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Una medida que fue rechazada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), pues el pago es para la entrega de un salvoconducto obligatorio que les permite movilizar vehículos nuevos desde el puerto de Manta hacia los patios o bodegas de las concesionarias.

El gremio sostiene que esta disposición genera incertidumbre en el sector y podría incrementar los costos operativos de las empresas.

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Asociación de Empresas Automotrices rechaza tasa de empresa municipal para movilizar autos nuevos desde puerto de Manta

Base legal y alcance de la tasa

La Empresa de Movilidad de Manta argumenta que la tasa no es nueva, pues existe en la resolución n.º 003-2024, emitida en abril de 2024; solo que no se había aplicado.

Asociación de Empresas Automotrices rechaza tasa de empresa municipal para movilizar autos nuevos desde puerto de Manta

En ese documento consta la tarifa bajo el código A-14, que regula la emisión de salvoconductos para circulación vehicular sin matrícula.

El texto establece que la tasa aplica para el tránsito dentro de la zona urbana de Manta, principalmente en trayectos desde el puerto hacia concesionarios o bodegas.

El valor fijado para 2024 fue de $ 5 por vehículo, calculado con base en el salario básico unificado, al que se suma el IVA vigente.

Además, la normativa indica que el trámite debe realizarse de forma anticipada mediante un procedimiento definido por la Dirección de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular.

El puerto de Manta mueve como promedio entre 65.000 y 90.000 vehículos cada año. Tomando en cuenta esta cifra, esta tasa le dejaría a la Empresa de Movilidad entre $ 325.000 y $ 450.000 anuales.

Aeade alega ilegalidad e inconsistencias

El presidente de Aeade, Genaro Baldeón, afirmó que el gremio presentó observaciones a este impuesto el 22 de enero de 2026, sin recibir respuesta hasta el momento.

Según explicó, la exigencia de un salvoconducto contradice una resolución nacional emitida en julio de 2022 por la Agencia Nacional de Tránsito.

Esa normativa establece que los vehículos nuevos pueden circular desde el puerto hasta centros de preparación mediante una guía de remisión, sin requerir permisos adicionales.

En ese contexto, el dirigente sostiene que la medida municipal resulta improcedente y carece de sustento legal.

Además, el gremio cuestiona la aplicación práctica de la tasa. Baldeón advierte que, al cobrarse por día, un mismo vehículo podría pagar varias veces durante su traslado entre diferentes puntos logísticos dentro de la ciudad.

Controles y posibles sanciones

La controversia se intensificó tras un comunicado emitido el 22 de abril por la empresa municipal.

En ese documento se anunció el inicio de controles en vías para verificar que los vehículos cuenten con el salvoconducto.

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Sin embargo, hasta ahora el sector automotor asegura que no ha recibido información sobre operativos ejecutados en los primeros días de aplicación.

El sector automotor advierte que este costo adicional podría trasladarse al consumidor final.

Actualmente, los vehículos en Ecuador enfrentan al menos veintitrés impuestos, tasas y contribuciones, lo que incrementa su valor en el mercado, señala Baldeón.

Según él, cualquier nuevo cargo incide directamente en la estructura de costos de las empresas. Por tanto, los compradores podrían asumir el impacto a través de precios más altos en los vehículos nuevos.

El puerto de Manta concentra la mayor parte del ingreso de vehículos al país. En lo que va del 2026, el 78 % de las unidades importadas llegó por esta terminal, según datos del gremio automotor.

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Hasta el momento, Aeade asegura que no ha recibido respuestas formales de la empresa municipal ni de otras autoridades involucradas.

TPM advierte impacto en competitividad

El presidente de Terminal Portuario de Manta (TPM), Roberto Salazar, aseguró que la empresa no tuvo conocimiento previo sobre la resolución que establece el cobro de $ 5,25 por cada vehículo que salga del puerto, pese a que la medida data de abril de 2024.

Según explicó, la notificación llegó recientemente, cuando ya se pretendía iniciar controles para exigir un salvoconducto a los transportistas. “En el momento en que se genera esta comunicación se nos informa de la existencia de esta tarifa”, señaló.

Salazar indicó que ni TPM ni el sector automotor participaron en un proceso de socialización previo.

En un comunicado conjunto con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), el gremio rechazó la medida por considerar que encarece la importación de vehículos.

Aunque la resolución fue emitida en 2024, el directivo confirmó que la tasa no se cobró durante 2025 y que se desconoce tanto el motivo de su creación como la razón por la cual no se aplicó antes.

El titular de TPM también cuestionó la legalidad de la medida. Recordó que existe una normativa nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, vigente desde 2022, que regula el traslado de vehículos mediante guía de remisión, lo que, a su criterio, impediría la aplicación de una tasa local adicional.

Salazar advirtió que el cobro podría afectar la competitividad del puerto de Manta, por donde ingresa alrededor del 95 % de los vehículos al país. “Si operar aquí resulta más caro que en otros puertos, la carga podría desviarse”, dijo.

En años recientes, el puerto ha movilizado hasta 90.000 unidades, mientras que en 2025 la cifra bordeó las 65.000.

El directivo señaló que una eventual reducción de operaciones afectaría también a los ingresos que reciben el municipio y la prefectura a través de regalías.

Desde 2024, tras una renegociación con el Estado, TPM incrementó estos aportes del 3 % al 7,5 %. En 2025, las regalías superaron los $ 2 millones, de los cuales cerca de $ 1,5 millones habrían correspondido al municipio.

Además, enfatizó que el nuevo costo terminaría trasladándose al consumidor final. “No tiene sentido encarecer la operación en un mercado donde los vehículos ya tienen precios elevados”, sostuvo.

Finalmente, Salazar insistió en la necesidad de una explicación técnica sobre el destino de los recursos que generaría la tasa. “No conocemos el argumento ni el uso de estos fondos”, dijo, a la espera de una reunión con la empresa de movilidad y las autoridades locales para aclarar el futuro de la medida. (I)