El lunes 28 de junio a las 07:00 se conocerá la resolución sobre la acción de protección presentada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa que analizó sus pedidos de remoción.

Este viernes a las 16:00 se reinstaló la audiencia para continuar con los alegatos del accionante y los accionados en esta acción de protección. La jueza María Belén Domínguez instauró la audiencia y dio paso a los abogados para conocer sus fundamentos.

La defensa del denunciante, Jorge Yunda, se enfocó en que no se atendió el pedido de recusación en contra del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, de manera legal en el seno del Concejo. También denunciaron que en el proceso de remoción existió vulneración a la seguridad jurídica, respeto al debido proceso y violación de derechos constitucionales.

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Diego Oviedo, defensor del denunciante (Jorge Yunda), puntualizó que no existió imparcialidad, porque los integrantes de la Comisión de Mesa son concejales y son las mismas personas que toman una decisión con la conclusión sobre su propio informe.

También recalcó que hubo una moción que señaló que se rechace la recusación en contra de Santiago Guarderas para formar parte de dicha comisión, y que no se debió haber rechazado. Se debía inadmitir, según la defensa.

Por su parte, Karla Samaniego, representante de la Procuraduría General del Estado, llamada a pedido del denunciante, señaló que la remoción es un proceso de legalidad, pero para esto, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es el que analiza y verifica el cumplimiento de formalidades y procedimiento aplicado durante el proceso. También dijo que la Comisión de Mesa siempre será llevada por concejales y que será siempre un proceso de fiscalización, porque así lo establece la normativa en el país.

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Por ello, consideró que la presente acción de protección no procede; además, que la alegación sobre el proceso de remoción sí está siendo revisada por el TCE, que es el organismo pertinente para hacer esto.

Álvaro Flores, de la Procuraduría Metropolitana, también dijo que la acción de protección debe ser rechazada por improcedente. “La Comisión de Mesa actuó en completo apego, conformó la comisión y nombró a un integrante, respetó los derechos del denunciado. En conclusión, los concejales y la secretaria encargada actuaron dentro de la ley”, añadió.

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Por su parte, el concejal Fernando Morales, parte de la Comisión de Mesa se expresó en redes sociales sobre esta acción de protección en contra de él, las concejalas Mónica Sandoval, Analía Ledesma y el vicealcalde Santiago Guarderas.

Mientras tanto, el TCE todavía analiza el expediente del proceso de remoción que fue aprobado con catorce votos por el Concejo Metropolitano el pasado 3 de junio. Se prevé que el viernes 2 de julio este organismo emita un dictamen sobre el pedido de consulta que ingresó Yunda; en esta fecha se cumplen los diez días laborables que tiene para resolver si existió o no cumplimiento de formalidades y procedimientos en la remoción del alcalde de Quito. (I)