Al finalizar una investigación sobre la videovigilancia en Ecuador, Fundamedios pidió al Gobierno nacional y municipalidades del país evitar la implementación de tecnología de vigilancia biométrica para el reconocimiento facial de la ciudadanía en la videovigilancia en territorio nacional.
Según la organización, luego de una investigación sobre la videovigilancia en el país desde la perspectiva de los derechos humanos, se evidenció que el país no cuenta con legislación específica que precautele los derechos ciudadanos ante el actual monitoreo.
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El ente además señala que el país “incumple con estándares internacionales que sugieren tomar medidas eficaciones para impedir la retención, procesamiento y uso ilegales de datos personales almacenados por las autoridades públicas y empresas. La vigilancia indiscriminada y masiva además vulnera el derecho de reunión pacífica, según la ONU (Organización de Naciones Unidas)”, se indicó en una misiva.
También, Fundamedios planteó varias peticiones tanto a la Asamblea como al servicio integrado del ECU-911.
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¿Pueden las cámaras del ECU-911 identificar a delincuentes a pesar de la mascarilla?
Al Legislativo hizo un llamado a establecer una normativa que llene “el vacío actual” y que se regule el uso de la videoviglancia tomando en cuenta las recomendaciones de la ONU sobre la implementación de vigilancia con inteligencia artificial.
“La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo de 2021, no menciona los límites de la videovigilancia, ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia (ni reconocimiento facial)”, resaltó Fundamedios.
Mientras tanto, la organización de protección de los derechos a la libre expresión instó a que “se levante la reserva de información confidencial que el ECU-911 mantiene desde 2013 en los protocolos, procedimientos, metodologías, instructivos para la atención de emergencias, videovigilancia y recepción de llamadas al 911. La confidencialidad está establecida hasta el año 2028″, indicó.
Cámaras de seguridad se usan con más frecuencia en Guayaquil
Sobre la confidencialidad, según Fundamedios, que cita la Ley de Acceso a la Información Pública, solo se aplica a temas de defensa nacional ante posibles amenazas en contra del Estado ecuatoriano, detalles sobre ubicación de material bélico y fondos de reserva para defensa nacional. “Por ello, no se justifica que los procedimientos del ECU-911 sean reservados”, indicó.
En la investigación, que contó con el apoyo de Derechos Digitales durante cuatro meses del presente año, se revisó documentacioń de cuatro municipios: Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga; también del ECU-911. Para ello, se realizaron 25 peticiones de acceso a información a instituciones inmersas en el tema, 12 entrevistas y revisión de decenas de decretos, contratos y legislación nacional e internacional.
Mayor capacitación a operadores de seguridad y justicia sobre derechos humanos y las posibles vulneraciones y el uso indiscriminado de contenidos de videovigilancia para su comunicación institucional en redes sociales son parte de los hallazgos que encontraron en el estudio.
Ante la adquisición de cámaras con capacidad de reconocimiento facial en las ciudades analizadas, Fundamedios expresó su preocupación por la masiva compra de estos equipos por la falta de una legislación adecuada que proteja los derechos ciudadanos.
En el estudio también se verificó que los municipios han adquirido más de 300 equipos con capacidad de reconocimiento facial, sin embargo, ninguna de esas cámaras cumpliría esa misión “al no estar conectadas a una base de datos con el software adecuado”, se indicó.
A Fundamedios le preocupa que en los próximos años se prevé la compra masiva de tecnología de reconocimiento facial sin contar con una legislación robusta que impida la vulneración de derechos ciudadanos.
Por ello, la entidad consideró pertinente que se concientice a la ciudadanía sobre el derecho a la privacidad y a la intimidad. (I)