El pleno del Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes, 12 de marzo, destinar $ 175.000 en becas para diversas ayudas educativas a 300 estudiantes.

Con 17 votos a favor se acogió el informe de la Comisión de Educación y Cultura para las Becas Alfredo Pareja Diezcanseco y Luis Calderón Gallardo.

“La idea es que estas becas apoyen el proyecto de vida de los estudiantes, para que sus condiciones de vulnerabilidad o la pertenencia a un grupo de atención prioritaria no sean un impedimento para mantenerse en el sistema educativo. Que este apoyo económico les permita mantenerse en la educación”, expresó la secretaria de Inclusión Social, María Belén Proaño.

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De los 300 estudiantes seleccionados, el Concejo Metropolitano indagó los perfiles de cada uno.

Del grupo de postulantes, 185 son mujeres y 115 son hombres. Esto quiere decir que más del 60 % son mujeres.

El Grupo de Atención Prioritaria tiene 135 estudiantes que presentan al menos una condición de vulnerabilidad por su condición social, económica, cultural u origen étnico. Esto representa el 45 %.

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En cuanto a la autoidentificación, 284 se autoperciben como mestizos (94,67 %), 10 como pueblos y nacionalidades indígenas (3,33 %) y 6 (2%) como pueblo afroecuatoriano.

Los estudiantes que pertenecen a familias que están formadas solo por el padre o la madre son el 29,67 %, correspondiente a 89 personas.

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El alumnado que registra algún tipo de discapacidad representa el 8 %, o sea, 24 personas. La discapacidad física es la más recurrente con un 45,83 % en relación con otros tipos de discapacidad. En cuanto a enfermedades catastróficas o de alta complejidad hay 14 (4,67 %) registros.

Son ocho (2,67 %) los hijos de migrantes que accedieron a estas becas. Seis (2 %) tienen padres que son personas privadas de libertad.

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En cuanto a las víctimas de violencia doméstica o sexual y maltrato infantil, son siete (2,337 %) y tres (1 %), respectivamente, los afectados. Una es la persona que se registra como víctima de un desastre natural.

En este proceso de postulación no se registran estudiantes adolescentes embarazadas. Tampoco se registran padres o madres adolescentes.

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Además, de los 300 estudiantes, 116 (38,67 %) viven en parroquias rurales, mientras que 184 (61,33 %) residen en parroquias urbanas. (I)