Unidad Nacional de Almacenamiento deja en inventario 55.000 quintales de arroz que aún no puede constatar

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) cerró su proceso de liquidación este 12 de octubre de 2022 con 55.000 quintales de arroz en inventario, pero está a la espera de que un juez disponga el acompañamiento de la Policía para constatar que ese producto esté en la bodega que se contrató con una empresa privada para almacenarlo.

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El contrato de almacenamiento se firmó el 28 de noviembre de 2019 por $ 140.692 para 365 días. En el 2020 vino la pandemia y la UNA entró en liquidación por decreto del entonces presidente Lenín Moreno, y en el transcurso de estos dos años el liquidador Luis Hernández indica que no se pudo verificar que el producto esté ahí, que en varias ocasiones se notificó al propietario de la bodega, ubicada en Daule, para poder acceder al sitio, pero que este les decía que se le imposibilitaba dar viabilidad de acceso por la pandemia, por caída de ceniza u otras razones y así nunca tuvieron acceso para verificar.

La última contestación fue el 11 de octubre en la que Hernández asegura que para recibirlos le pidieron el listado de las personas que irían con 48 horas de anticipación, cuando al día siguiente terminaba el último plazo dado en el Decreto 492 para la liquidación de la UNA. El miércoles acudió un equipo del Ministerio de Agricultura y de UNA sin éxito.

Esos 55.000 quintales que equivalen a $ 1,8 millones son la reserva alimentaria del país que en una emergencia alimentaria se debería liberar para suplir el déficit alimenticio.

“No he denunciado que la reserva estratégica está perdida, no está perdida, está atada a un contrato. Y la persona que firmó el contrato es la que debe responder por la reserva”, sostiene.

En el contrato constan por la UNA la exgerente general, María Eugenia Martínez Espíndola, y por Carozeli S. A., Isidoro Ricardo Martínez Velásquez.

Este viernes 14 de octubre Hernández y el equipo jurídico acudieron a la Fiscalía para que a través de un acto urgente el fiscal corra traslado al juez y se disponga a la Policía el acompañamiento para corroborar si en el predio que establece el contrato está el producto.

El contrato establece que el producto se puede encontrar rotando. Para la UNA, la empresa tendrá que justificar por qué razón no se encuentra el producto en la instalación donde está firmado el contrato, y si demuestra que tiene el producto rotando en otro sector, en otras instalaciones, tendrá que mostrar los 55.000 quintales de arroz pilado, y si no puede demostrar ahí se podrán tomar acciones legales.

La bodega descrita en el contrato está en Laurel y en esa dirección ya no funciona la empresa. La persona que cuida las instalaciones -que desde el cerramiento lucen vacías- dice que no hay nada almacenado y que si alguien acude con una orden judicial les abrirá para que lo constaten.

En la Superintendencia de Compañías se registra que en junio pasado se dio el cambio de domicilio a Samborondón. Se incluye la observación de que “se cambió la dirección legal y no la postal, por lo que no adjunto el formulario de dirección domiciliaria, deberán realizar el proceso de actualización de datos con el usuario y contraseña del representante legal para que puedan obtener la dirección postal correcta”.

Ahora la UNA está depurando la matriz de bienes y trabajando con el Ministerio de Agricultura. El lunes empezarán mesas de trabajo con esa cartera de Estado para subsanar cualquier novedad, pues tienen diez días desde el 12 de octubre para concretar el traspaso de activos y pasivos. Esté o no esté la reserva de arroz en la bodega se transferirá el contrato.

Con la firma de escritura pública en los próximos días quedará cerrada la UNA y a vísperas de eso todo el personal será liquidado, las 34 personas con las que termina esta empresa pública que llegó a tener hasta 600 trabajadores. (I)