Trabajadores de la hacienda La Clementina, ubicada en la parroquia La Unión, en la provincia de Los Ríos, paralizaron este martes sus actividades y protagonizaron manifestaciones, con quema de llantas, para reclamar mejoras laborales y en rechazo a la supuesta falta de pago de la empresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la disminución de sus salarios y otras quejas.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se puede apreciar a un grupo de manifestantes que reclaman al ingreso de la hacienda y personal de la Policía Nacional que resguarda el sitio.

La hacienda, de 11.500 hectáreas, fue embargada en mayo del 2013 por el Servicio de Rentas Internas (SRI) al empresario Álvaro Noboa por una supuesta deuda del impuesto a la renta del 2005 de alrededor de $ 95 millones.

Notarizada la adjudicación de hacienda La Clementina a cooperativa

En diciembre de ese año se legalizó, ante un notario, la adjudicación de la hacienda La Clementina a los trabajadores de la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina (Cooproclem).

Publicidad

Cooproclem fue creada en noviembre del 2013 para instrumentar el crédito (de $ 78 millones) en la Corporación Financiera Nacional (CFN), por medio del cual 1.678 trabajadores adquirieron la hacienda.

Sin embargo, pasó poco tiempo para que los trabajadores se quejaran de la nueva administración de la hacienda, incluso con paralizaciones. Una de estas ocurrió en julio del 2015 cuando cerca de 1.800 trabajadores de Cooproclem se paralizaron en rechazo, según ellos, por la supuesta falta de pago de bonos de producción, liquidaciones y otros beneficios.

Mientras, el 10 de diciembre del 2019, Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción de esa época, anunció que se estaba investigando el manejo de la hacienda, supuesta trama de corrupción que involucraba a una empresa de terceros que administraba la propiedad, según la funcionaria.

Gobierno investiga supuesta corrupción en manejo de la hacienda La Clementina

“Me ha indignado conocer el modo bajo el cual se están usando recursos que les pertenece a 1.900 familias de los trabajadores por parte de una empresa de accionistas rusos y una persona involucrada nacionalmente”, dijo Ordóñez en ese momento, cuando además indicó que se investigaba a la hacienda por peculado, testaferrismo, defraudación bursátil, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado.

Ordoñez aseguró que la investigación se había iniciado tras una denuncia de “una ciudadana guayaquileña”, y que además la Secretaría presentaría el caso a la Fiscalía para que se inicie otra investigación paralela, aunque después de ese anuncio el Gobierno no volvió a informar del asunto.

En tanto, este Diario intentó obtener una versión de la administración de Cooproclem, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (I)