La eliminación del subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa tiene respaldo entre quienes antes fueron Gobierno y manejaron la economía del país, y también empresarios están del lado de esta medida anunciada la noche del 12 de septiembre del 2025.
Para el exvicepresidente de la República Alberto Dahik, el subsidio a los combustibles, del cual el diésel es el de mayor impacto, ha representado desde 1974 un valor superior a toda la deuda pública: “Ha sido una inmoralidad colectiva en nuestro país. Tomar la decisión de quitarlo es económicamente correcta y moralmente imprescindible”.
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El saldo actual solo de la deuda pública interna es de $ 34.638 millones a junio del 2025, según datos del Banco Central del Ecuador.
Mientras que el exministro de Economía Mauricio Pozo considera que la reducción de este subsidio y las medidas complementarias son acciones adecuadas, pasos en la dirección correcta; y, “aunque aún tiene el diésel un precio menor al internacional, sin duda era necesario”. La medida da un rumbo más certero en la política económica, según su criterio.
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Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano también se toma la medida como necesaria y oportuna para la salud económica de nuestro país y la sostenibilidad de las actividades poductivas. Destaca que así se evita la creación de nuevos impuestos.
“Recortar el gasto público ineficiente, incluido los subsidios, reduce la demanda de financiamiento, deja la necesidad de crear nuevos impuestos, evita el contrabando y la informalidad, estimula un ambiente de inversión más seguro y fomenta la creación de empleo”, indica en un comunicado.
Además, pide al Gobierno promover y facilitar el esquema para la libre importación y comercialización de diésel, que permita tener un combustible de mejor calidad y que además se termine con las ineficiencias de la producción local.
La Cámara de Industrias y Producción respalda la reforma focalizada de los subsidios a combustibles, pues considera que los subsidios deben ser temporales, financiados y focalizados; de lo contrario, generan distorsiones que afecan a la economía y a todo el país.
Detalla que en 2024 los subsidios alcanzaron $ 3.000 millones, de los cuales $ 1.150 millones correspondieron al diésel. Y sin embargo, apenas el 10 % de este esfuerzo fiscal beneficia a quienes más lo necesitan, se fomenta el contrabando, el robo interno de combustibles con perjuicios por sobre los $ 200 millones y se financia a grupos de delincuencia organizada.
Este sector productivo considera clave la compensación al transporte para mantener la estabilidad del servicio y la competitividad, pero anota que esas medidas deben estar bien financiadas y ser efectivas para evitar distorsiones.
Y que la reforma también debe estar acompañada de mayor inversión en seguridad, salud y educación, así como mayor eficiencia en las empresas públicas, apertura de los sectores estratégicos a la iniciativa privada, transición energética, mejoramiento de la calidad de combustibles y corrección del gasto público.
La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) emitió un pronunciamiento de respaldo: “La decisión de eliminar el subsidio al diésel es acertada no solo en lo fiscal; seguramente provocará una baja en el riesgo país, mejorando las condiciones de inversión, sino también en materia de equidad y combate a grupos delincuenciales que lucran de ese subsidio”.
Por su parte, para el editor de la publicación económica Análisis Semamal, Alberto Acosta Burneo, es una decisión histórica: “El Gobierno transforma el subsidio al diésel: ya no será un beneficio millonario para quienes no lo necesitan. Ahora será focalizado con compensaciones de $ 400 a $ 1.000 mensuales para proteger a los usuarios del transporte público”.
Al hacer el anuncio, el Gobierno sostuvo que durante décadas el subsidio al diésel representó una carga de $ 1.100 millones para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficos indebidos. Y por eso decidió redireccionar esos fondos para destinarlos a programas que generen un verdadero impacto social y productivo.
Eso contempla otorgar más bonos de asistencia a la población vulnerable, compensación a los transportistas y también incentivos para la producción. (I)