Un día antes de producirse la destitución de Ruth Arregui como superintendenta de Bancos, hubo varios cambios y movimientos en el interior de la entidad de control financiero. Así, el 21 de febrero, de acuerdo con las decisiones del intendente general de Gestión Institucional, Javier Bolaños Rojas, se nombró como intendenta general a Rosa Matilde Guerrero, amiga de confianza de la entonces superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. De lo que se conoce, por norma, la persona que asume el cargo de superintendente en caso de ausencia del titular es justamente quien tiene el cargo de intendente general.
El artículo 184 de la Ley de Instituciones Financieras indica que, en el caso de que el puesto quede vacante, el superintendente “será subrogado, hasta que sea nombrado el titular, por el intendente general; y a falta de este, por el intendente de mayor antigüedad en esa función”.
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Rosa Matilde Guerrero es máster en Economía y fue directora alterna ante el BID por Ecuador.
El nuevo nombramiento quedó plasmado el mismo 21 de febrero, cuando Bolaños dejó insubsistente el nombramiento de Amparo Nataly Espinoza Zambrano, quien había estado ocupando el cargo de intendente general de la Superintendencia. Asimismo, se eliminó el nombramiento de libre remoción de Rosa Matilde Guerrero como asesor 2 del despacho de Arregui.
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Acto seguido, se otorgó el cargo de intendente general a Guerrero, y se le otorgó el cargo de intendente nacional de Control del Sistema de Seguridad Social a Espinoza.
Por su parte, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) dijo tras conocer la decisión de la Asamblea: “Somos respetuosos de los procesos y acciones de las funciones del Estado y esperaremos a que se designe a una nueva autoridad. En Asobanca consideramos que la estabilidad y la institucionalidad en las entidades de supervisión y control son claves para el desarrollo del país”.
La ahora exsuperintendenta fue destituida y censurada en juicio político, pese a que en primera instancia la Comisión de Fiscalización aprobó un informe en el que se recomendaba archivarlo. Arregui había sido enjuiciada por ocho causales, que se referían a supuesto incumplimiento de funciones al no sancionar a bancos que habrían cobrado valores ilegales a sus clientes durante la pandemia; también por no haber emitido de manera ágil una sanción a Big Money y esperar a que la Fiscalía actuara.
Entre tanto, Arregui siempre sostuvo que actuó de manera responsable y apegada a derecho. También consideró que el problema político que existía es que querían castigarla por haber aportado información al tema de Isspol.
En el pleno de la Asamblea, en cambio, se hizo caso omiso al informe de Fiscalización y se procedió con la censura.
Este Diario consultó al intendente Bolaños sobre las razones para los cambios realizados, sin embargo, ofreció que daría una respuesta oficial hasta el medio día de hoy, lo cual no ha ocurrido hasta esta hora. (I)