Remisión de intereses en el SRI y más temas económicos trae la Ley de Integridad aprobada por la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional aprobó con 84 votos a favor el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que contiene reformas a varias normas en materia económica, judicial y de seguridad.El texto aprobado por la mayoría legislativa ahora pasará a manos del presidente de la República, Daniel Noboa, para su análisis. Si el mandatario no tiene observaciones, la ley se publicará de inmediato en el Registro Oficial y entrará en vigencia.Entre los temas económicos que incluye la norma consta un nuevo proceso de remisión tributaria por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI).El Servicio de Rentas Internas (SRI) iniciará un nuevo proceso de remisión de obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2024.La disposición transitoria décimo tercera de la ley aprobada en la Asamblea establece que se aplicará la remisión del 100 % de intereses, multas, costas y recargos derivados de las obligaciones, respecto del capital pagado.Para beneficiarse, los contribuyentes deberán pagar total o parcialmente el capital de sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2025.La remisión abarca a las costas procesales, cauciones y/o afianzamientos que se hubieren generado.La norma determina que si el contribuyente efectuó pagos que sumaron el capital de la deuda, antes de que la ley entre en vigencia, los intereses, multas y recargos quedarán remitidos. Los valores que excedan el monto del capital de la obligación no constituyen pago indebido o pago en exceso, indica la ley.No podrán acogerse a la remisión las obligaciones por concepto del impuesto a la renta de 2024.El SRI podrá emitir normativa para la implementación del proceso de remisión.Una de las reformas al Código Monetario y Financiero unifica en una sola entidad a la Junta de Política y Regulación Monetaria y a la Junta de Política y Regulación Financiera.De ese modo se crea la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que estará conformada por cinco miembros, quienes serán designados y posesionados por la Asamblea Nacional, de entre cinco candidatos propuestos por el presidente de la República. Los integrantes de la nueva Junta durarán en su cargo un periodo de cuatro años. La entidad será responsable de nombrar al gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE). En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se incorpora la facultad para que las empresas públicas y el Banco Central puedan realizar operaciones de hedgind o cobertura sobre el precio de commodities (materias primas).Según la ley, esto permitirá mitigar el riesgo asociado a las fluctuaciones internacionales de los precios de esos productos. Para el efecto, las empresas públicas y el BCE podrán además contratar seguros, realizar operaciones a través de derivados financieros, estructurados y no estructurados.El costo de la cobertura o hedging se establecerá en función del mercado, dice el texto, y se pagará con cargo al presupuesto de la entidad pública. La no ejecución de una cobertura no supondrá un perjuicio para el Estado por el valor pagado para su contratación, indica la ley.La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tiene un plazo de 90 días, a partir de la posesión de sus miembros, para emitir regulaciones para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. La finalidad de esto es proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera, dice la disposición transitoria décimo primera.El proceso se deberá ejecutar previo a la realización de análisis de interconexión y riesgo sistémico.Se sustituyó el artículo 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero, disponiendo que dentro del Balance General del Banco Central del Ecuador se crean cuatro sistemas, cuyos pasivos deberán estar respaldados por las reservas internacionales.En un plazo de 180 días desde la publicación de la ley en el Registro Oficial, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) deberá iniciar el proceso de revisión técnica, jurídica y económica de todos los productos, servicios y proveedores que están registrados en el Catálogo Electrónico, el Catálogo Dinámico Inclusivo y sus modalidades.El propósito de esto es evaluar su pertinencia, desempeño y condiciones de permanencia, según consta en la disposición transitoria segunda.Si por la revisión se detecta que existen elementos para terminar de manera anticipada un convenio marco, el Sercop notificará al proveedor, el cual contará con diez días para presentar sus descargos y entregar documentación. En otro punto, el Sercop realizará una adecuación y desarrollo del portal de Contratación Pública y todos los sistemas y plataformas tecnológicas conexas.Una reforma a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo establece que el presidente de la República podrá optar por distribuir el objeto y funciones de la Secretaría de Inversiones Público Privadas (SIPP) entre sus ministerios y secretarías. En este caso, dice la norma, la Secretaría de Inversiones será suprimida hasta una próxima necesidad o demanda de proyectos. (I)

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