Gremio de abogados sobre nuevo precedente para pago por despido: ‘Sentencia de la Corte Nacional no cumple con interpretar el artículo, sino que lo reforma’

El precedente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sobre el cálculo de la indemnización que deberán pagar los empleadores por despido intempestivo es cuestionado por el Círculo de Abogados Laboralistas.De acuerdo con la resolución de la CNJ, que fue aprobada el 22 de enero por 18 de los 21 de jueces, establece que para el cálculo se tomará la última remuneración percibida o la anterior, siempre que sea más favorable al trabajador.“La remuneración que deberá aplicarse para el cálculo de las indemnizaciones que correspondan por despido intempestivo será la última percibida, siempre que esta sea más favorable para la o el trabajador. De esta forma, se preferirá siempre la última mejor remuneración, la misma que podría corresponder a la del mes previo o la del mismo mes en que se produjo el despido”, según la Corte.Los jueces que integran la Sala de lo Laboral propusieron el precedente con el fin de evitar posibles abusos contra los trabajadores.Para el Círculo de Abogados Laboralistas “la sentencia de la Corte Nacional de Justicia no cumple con interpretar el artículo, sino que lo reforma, con lo cual se está extralimitando en su potestad al crear precedentes jurisprudenciales y afectando gravemente el principio constitucional de seguridad jurídica”.El gremio señala que el artículo 188 del Código del Trabajo, al regular la indemnización por despido intempestivo frente a un trabajador, menciona que “el cálculo de las indemnizaciones se hará con base en la remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido”.En ese sentido, sostiene que “al analizar un precedente jurisprudencial (fallo de triple reiteración a nivel de Corte Nacional y de cumplimiento obligatorio respecto de un mismo tema), este artículo debe ser entendido e interpretado en conjunto con el art. 185 del mismo Código, que hace referencia a la necesidad de considerar ‘la última remuneración’”.Desde el gremio se indica que “existe una línea jurisprudencial previa que ya interpretaba y armonizaba el art. 185 con el 188 en conjunto”; sin embargo, la resolución actual de la CNJ “contradice aquello, con un impacto importante no solo respecto de los pagos que se efectúen al trabajador, sino que en el caso de empresas, inclusive se deberán hacer ajustes a las provisiones contables que dentro de los estados financieros se incluyen para el cálculo de indemnizaciones, causando impacto en los estados financieros”.El Círculo de Abogados Laboralistas sostiene que “ya existían fallos previos de otros jueces de la Sala de lo Laboral en que se dejaron votos salvados al no compartir el criterio de la actual sala, en tanto se advertía la clara vulneración a la seguridad jurídica”.La presidenta del gremio, Karla Villacís, reitera que “el tema es muy delicado, ya que se está dando un abuso en la potestad de la Función Judicial, a quien si bien compete resolver sobre precedentes jurisprudenciales, no está legalmente facultada para modificar o reformar la ley, sino únicamente para interpretarla bajo parámetros legales”.Villacís explica que la “resolución está reformando la ley” y pese a que el principio de seguridad jurídica es uno fundamental del derecho, que se basa en la certeza y la legalidad para prevenir la arbitrariedad, “la Corte no puede a pretexto de evitar abusos a trabajadores cambiar las leyes”. “Ya que esta facultad le compete exclusivamente al legislador en un Estado de derecho como el nuestro”, agrega.Dado este precedente, advierte “que se desincentiva la contratación laboral y la inversión por parte de las empresas, ya que la principal motivación para que generen empleo en el país es que exista seguridad jurídica, es decir, leyes y reglas claras sobre la contratación y la terminación de las relaciones con sus trabajadores”.Añade que “si hoy contratan bajo las reglas previstas en la ley y mañana la Corte decide modificar esas reglas, sin que ello sea su atribución legal, se genera incertidumbre, inseguridad jurídica, falta de claridad y ello ahuyenta el que los empleadores generen más trabajo y contraten bajo relación de dependencia”. (I)

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